El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó a la Superintendencia de Economía Solidaria finalizar la intervención forzosa de la Cooperativa Coosalud. La decisión judicial, derivada de una acción de tutela, exige que la administración sea entregada a la Asamblea General de Delegados en un plazo máximo de cinco días hábiles. El fallo dejó sin efecto las resoluciones que prorrogaban la toma de posesión, al considerar que la autoridad no justificó adecuadamente la necesidad de mantener una medida de carácter excepcional. Los accionantes argumentaron que la intervención vulneró derechos fundamentales como la libre asociación, el debido proceso y la propiedad sobre los aportes sociales. Según la tutela, los asociados llevaban cerca de 19 meses sin poder retirar sus ahorros, mientras que los constantes cambios de agentes especiales afectaron la continuidad administrativa. El juez determinó que la simple existencia de actuaciones pendientes no es razón suficiente para prolongar indefinidamente una medida que debe ser temporal. Esta decisión judicial es independiente de la situación de la EPS Coosalud, la cual permanece bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud desde noviembre de 2024. Mientras la cooperativa se prepara para retomar su dirección, la entidad enfrenta investigaciones penales y disciplinarias por presuntos desvíos de recursos de la salud y operaciones financieras irregulares. La Fiscalía y la Procuraduría mantienen procesos abiertos contra la junta directiva y el presidente de la entidad por estos hechos.

Análisis político

La estrategia de los asociados se centró en la defensa de los derechos fundamentales y la autonomía privada frente a la potestad administrativa del Estado, logrando que el poder judicial limite el alcance de las intervenciones gubernamentales. Se observa una narrativa de resistencia contra la prolongación indefinida de medidas estatales, donde los afectados denuncian que la intervención se convirtió en un fin en sí mismo y no en un instrumento de recuperación. Con este fallo, los asociados ganan la posibilidad de recuperar el control administrativo de la cooperativa, mientras que el Gobierno pierde un espacio de control directo sobre la entidad. La narrativa del Ejecutivo, que justificaba la intervención por deficiencias administrativas, se ve debilitada por el cuestionamiento judicial sobre la falta de motivación técnica y jurídica en las prórrogas de la medida.