La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la libertad condicional de Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias 'Yako', tras determinar que incumplió gravemente sus obligaciones de comparecencia y disponibilidad. El exintegrante de las FARC-EP dejó de informar sobre su paradero y se mantuvo fuera del alcance de las autoridades judiciales durante un periodo prolongado. Esta decisión fue adoptada por la Sala de Amnistía o Indulto, la cual solicitó al Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá materializar la medida. El procesado es investigado actualmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación como articulador logístico de la disidencia Segunda Marquetalia en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. El congresista fue atacado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y falleció meses después a causa de las heridas. Por estos hechos, existe una orden de captura vigente emitida por el Juzgado 60 Penal Municipal de Bogotá contra Téllez Álvarez. La JEP aclaró que la responsabilidad penal por el homicidio del senador debe ser esclarecida por la justicia ordinaria, ya que las pruebas actuales son insuficientes para confirmar su reincorporación a un grupo armado ilegal. La jurisdicción enfatizó que los beneficios de la justicia transicional no son incondicionales y dependen del cumplimiento estricto de los compromisos de verdad y no repetición. La revocatoria habilita a las autoridades ordinarias para proceder con las capturas necesarias en el marco de la investigación por el magnicidio.

Análisis político

La decisión de la JEP refleja una estrategia de blindaje institucional ante las críticas sobre la impunidad en el sistema de justicia transicional. Al revocar el beneficio de un individuo vinculado a un caso de alto impacto político como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la jurisdicción busca reafirmar su autoridad y el carácter condicional de sus beneficios, distanciándose de actores que han optado por la reincidencia criminal. El gran perdedor es el sistema de justicia transicional, cuya legitimidad se ve cuestionada por la presunta vinculación de uno de sus beneficiarios con el asesinato de un precandidato presidencial. Por otro lado, la Fiscalía y la justicia ordinaria ganan terreno al consolidar la persecución penal contra alias 'Yako', utilizando la revocatoria de la JEP como un respaldo jurídico para avanzar en la desarticulación de la Segunda Marquetalia y esclarecer el atentado que conmocionó al país.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la libertad condicional de Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias 'Yako', tras determinar que incumplió gravemente sus obligaciones de comparecencia y disponibilidad. El exintegrante de las Farc-EP dejó de informar sobre su paradero y se mantuvo fuera del alcance de las autoridades judiciales durante un periodo prolongado. Esta decisión fue adoptada por la Sala de Amnistía o Indulto, la cual solicitó al Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá hacer efectiva la medida. El procesado es investigado actualmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación como articulador de la disidencia Segunda Marquetalia y coordinador logístico en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. El congresista fue atacado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y falleció meses después a causa de las heridas. Por estos hechos, existe una orden de captura vigente emitida por el Juzgado 60 Penal Municipal de Bogotá desde marzo de 2026. La JEP aclaró que la responsabilidad penal por el homicidio del senador corresponde exclusivamente a la justicia ordinaria, ya que las pruebas actuales son insuficientes para confirmar su reincorporación a grupos armados. La jurisdicción enfatizó que la revocatoria se fundamenta en el incumplimiento del régimen de condicionalidad y la falta de contacto con el compareciente. Con esta resolución, la justicia ordinaria queda habilitada para proceder con las capturas necesarias en el marco de la investigación por el magnicidio.

Análisis político

La decisión de la JEP refleja una estrategia de blindaje institucional ante las críticas sobre la falta de control de los comparecientes que reinciden en actividades criminales. Al revocar el beneficio, el tribunal busca desmarcarse de la responsabilidad por los actos delictivos cometidos por excombatientes en la justicia ordinaria, manteniendo la integridad del sistema de justicia transicional frente a la opinión pública. El gran perdedor es el sistema de justicia transicional, cuya credibilidad se ve afectada por la vinculación de un beneficiario con un magnicidio de alto impacto político. Por otro lado, la Fiscalía y la justicia ordinaria ganan terreno al consolidar la persecución penal contra alias 'Yako', permitiendo que el caso del senador Uribe Turbay avance sin las restricciones procesales que imponía el estatus de compareciente ante la JEP.