La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a seis integrantes del último Secretariado de las Farc para rendir versión sobre hechos de violencia sexual, reproductiva y de género cometidos entre 1990 y 2015. Los convocados incluyen a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. El tribunal busca determinar si la cúpula tenía conocimiento y control sobre estos actos, que incluyen esclavitud sexual, abortos forzados y agresiones contra personas con orientaciones sexuales diversas. Simultáneamente, la JEP citó a la exsenadora Sandra Ramírez dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores de edad. La diligencia busca esclarecer su trayectoria, funciones y posible capacidad de influencia en las filas guerrilleras, tras testimonios de víctimas que la señalan de facilitar abusos y participar en la toma de decisiones sobre menores. Esta decisión responde a solicitudes de organizaciones de víctimas que han exigido profundizar en el papel de la excongresista durante el conflicto. El excomandante Rodrigo Londoño calificó estas acciones y una propuesta gubernamental de recorte presupuestal a la JEP como un ataque directo al Acuerdo de Paz. Mientras el tribunal avanza en la etapa final de sus investigaciones, los comparecientes enfrentan la presión de aportar verdad plena para mantener los beneficios de la justicia transicional. La falta de colaboración o la omisión de hechos podría derivar en procesos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y posibles penas ordinarias.

Análisis político

La estrategia de la JEP se centra en la contrastación de versiones para cerrar macrocasos, utilizando el testimonio de las víctimas como eje para presionar a los excomandantes a reconocer responsabilidades. Por su parte, los exlíderes de las Farc emplean una narrativa de defensa del Acuerdo de Paz, vinculando las investigaciones judiciales y los recortes presupuestales con una supuesta persecución política que busca desmantelar las garantías procesales obtenidas en 2016. En este escenario, las víctimas ganan visibilidad y capacidad de incidencia al lograr que el tribunal escuche sus denuncias contra figuras de alto perfil, mientras que el partido Comunes y los exjefes guerrilleros pierden capital político al verse obligados a responder por crímenes que afectan su legitimidad histórica. La construcción de narrativas es divergente: mientras el tribunal se enfoca en la verdad judicial y la reparación, los actores políticos involucrados intentan politizar el proceso para presentarse como víctimas de un sistema que, según ellos, busca asfixiarlos económicamente.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a los seis integrantes del último Secretariado de las Farc para rendir versión voluntaria dentro del Caso 11. Este proceso investiga 62 hechos de violencia sexual, reproductiva y por prejuicios contra la orientación sexual cometidos entre 1990 y 2015. El tribunal busca determinar si la cúpula guerrillera tuvo capacidad de control o mando sobre estos actos que afectaron a 30 víctimas directas documentadas. Simultáneamente, la Sala de Reconocimiento citó a la exsenadora Sandra Ramírez a rendir versión dentro del Caso 07, que indaga el reclutamiento y utilización de menores de edad. La decisión responde a testimonios de víctimas que la señalan de facilitar abusos sexuales y participar en decisiones sobre la vida de menores reclutados. La magistrada Lily Rueda consideró que existen elementos suficientes para contrastar su trayectoria y funciones de facto con los relatos de las víctimas. Las diligencias representan un avance en la etapa final de contrastación de información del tribunal de justicia transicional. Mientras los exjefes deberán responder por su responsabilidad de mando en violencias intrafilas, Ramírez enfrenta señalamientos directos sobre su rol en la gestión de menores. La JEP aclaró que estas citaciones no constituyen una imputación formal, sino un espacio para esclarecer la verdad y garantizar la participación de las víctimas.

Análisis político

La estrategia de la JEP se centra en desarticular la narrativa de la cúpula guerrillera sobre la falta de conocimiento o control de los crímenes cometidos en sus filas. Al citar a los máximos responsables por violencia de género y a una figura política como Sandra Ramírez por reclutamiento, el tribunal presiona para que los comparecientes expliquen la estructura de poder real que permitió estos vejámenes, desafiando la tesis de que fueron actos aislados o sin mando centralizado. En este escenario, las víctimas ganan visibilidad y un espacio formal para confrontar a sus victimarios, mientras que el partido Comunes y los exjefes de las Farc pierden capital político al verse obligados a defenderse de acusaciones que vinculan directamente a su cúpula con prácticas sistemáticas de abuso. La narrativa de los sectores críticos al Acuerdo de Paz se fortalece al utilizar estos testimonios para cuestionar la legitimidad de la justicia transicional, mientras que los exguerrilleros intentan mantener la postura de que no existió una política sistemática de reclutamiento o violencia sexual.