La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a nueve exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Tolima, Huila y Quindío entre 1991 y 2016. Entre los señalados se encuentra Pablo Catatumbo Torres Victoria, junto a otros ocho exmandos regionales de la extinta guerrilla. La investigación documentó 94 incursiones armadas, incluyendo tomas guerrilleras, masacres, desplazamientos forzados, torturas y el uso de minas antipersonales contra la población civil. El tribunal analizó cerca de 600 expedientes judiciales, 54 informes de organizaciones sociales y testimonios de 967 víctimas acreditadas, de las cuales el 54 % son campesinos. La magistrada relatora Marcela Giraldo destacó que esta es la primera vez que los comparecientes responden por macrovictimizaciones específicas que no habían sido incluidas en otros casos de la jurisdicción. Los hechos documentados incluyen ataques a hospitales, escuelas e iglesias, así como el asesinato de integrantes de la fuerza pública que se encontraban fuera de combate. Los nueve imputados disponen de 20 días hábiles para reconocer su responsabilidad ante la JEP, lo cual les permitiría acceder a sanciones restaurativas con restricciones de derechos y libertades. En caso de negar los cargos, los comparecientes deberán enfrentar un juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión. La decisión judicial busca avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Análisis político

La imputación de la JEP se presenta en un momento de alta tensión política, caracterizado por propuestas legislativas que buscan reducir el presupuesto y limitar la duración de la justicia transicional hasta 2028. Al centrarse en crímenes no amnistiables cometidos por una estructura que operó durante décadas, el tribunal reafirma su legitimidad institucional frente a los sectores que cuestionan su eficacia y su papel en el posconflicto. La estrategia judicial busca consolidar la verdad histórica mediante la presión sobre los excombatientes para que elijan entre el reconocimiento de sus actos o el riesgo de una condena penal ordinaria. En este escenario, las víctimas emergen como las principales ganadoras simbólicas al ver documentados patrones de violencia que permanecían en la impunidad, mientras que los exintegrantes de las FARC enfrentan un costo político y judicial significativo que debilita su narrativa de paz total. La construcción de la narrativa oficial se desplaza desde la amnistía hacia la rendición de cuentas, obligando a los actores del conflicto a confrontar las consecuencias de sus acciones ante la opinión pública y el sistema judicial, lo que intensifica el debate sobre la vigencia y el futuro de la justicia transicional en el país.