La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha revelado que investiga cerca de 21.000 registros adicionales de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, cuyas víctimas aún no han sido plenamente identificadas. Estos casos se suman a los 7.837 ya identificados y documentados por el tribunal transicional. La ampliación del universo de investigación abarca hechos ocurridos entre 1990 y 2016, extendiendo el periodo previamente priorizado. El macrocaso 03 de la JEP, que indaga sobre asesinatos y desapariciones forzadas por agentes estatales, ha visto un aumento significativo en las cifras. Juan Felipe García, líder del grupo de Análisis de la Información de la JEP, explicó que los 21.000 registros corresponden a víctimas no identificadas o con información incompleta, lo que dificulta el proceso de esclarecimiento. Estos registros no necesariamente representan personas únicas, sino muertes y desapariciones presuntamente atribuibles a la fuerza pública. La JEP advierte que esta cifra podría ser un subregistro y que el número total de ejecuciones extrajudiciales es difícil de determinar de manera definitiva. La investigación periodística que dio a conocer esta información señala que la inclusión de estos nuevos casos amplía la comprensión del fenómeno de los falsos positivos, que se extendió a lo largo de varios gobiernos, no solo durante el periodo más crítico entre 2002 y 2008. La JEP continúa trabajando en la verificación y contrastación de estos registros para determinar la magnitud real del delito y avanzar en la búsqueda de responsables.

Análisis político

La JEP, al revelar la posible existencia de 21.000 casos adicionales de falsos positivos con víctimas no identificadas, pone de manifiesto la complejidad y la extensión del fenómeno. La estrategia política observada por parte de la JEP es la de un avance progresivo en el esclarecimiento de la verdad, ampliando el espectro temporal y geográfico de sus investigaciones para abarcar la totalidad de los hechos. Esto busca construir una narrativa de justicia transicional que incluya a todas las víctimas, independientemente de su identificación plena. Quien gana con este evento es la memoria histórica y las víctimas, al visibilizar un número mayor de posibles crímenes y al mantener la pregunta sobre la responsabilidad de los máximos responsables. Quien pierde, o se ve en una posición más vulnerable, es el Estado y aquellos sectores que podrían verse implicados en la cadena de mando, al enfrentar una investigación más amplia y profunda. Las narrativas distintas se construyen entre quienes buscan la verdad completa y quienes podrían intentar minimizar el alcance del fenómeno o desviar la atención, como se evidencia en la mención de murales con la pregunta "¿Quién dio la orden?" que buscan mantener la presión sobre la rendición de cuentas.