El candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia penal contra su contendor Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional. La acusación se centra en presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, vinculados a crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cepeda argumenta que existen nuevos elementos y pruebas que sugieren la participación directa de De la Espriella en estas organizaciones. Las denuncias detallan supuestas actividades como la creación de una fundación para fines políticos paramilitares, la selección de candidatos al Congreso con auspicio de estos grupos, sobornos a exjefes paramilitares para asegurar su silencio, vínculos comerciales con familiares de paramilitares condenados y la presunta financiación para la elección del exfiscal Mario Iguarán. Cepeda sostiene que estos hechos no han sido debidamente investigados por la justicia colombiana y que la Corte Penal Internacional debe intervenir. La acción legal se produce en la recta final de la campaña presidencial, a once días de la segunda vuelta, en medio de acusaciones mutuas entre ambos candidatos. Abelardo de la Espriella respondió calificando la denuncia como una "cortina de humo" y reveló que él, a su vez, había denunciado la "narcopolítica" de Cepeda ante el Gobierno de Estados Unidos, basándose en análisis de votaciones atípicas en ciertas regiones.

Análisis político

Se observa una estrategia de ataque judicial y diplomático por parte de Iván Cepeda, buscando deslegitimar a su oponente Abelardo de la Espriella en la fase decisiva de la campaña presidencial. La denuncia ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional eleva la gravedad de las acusaciones y busca generar presión política y mediática. Por su parte, De la Espriella contraataca con una denuncia ante el gobierno de Estados Unidos, enfocándose en supuestas irregularidades electorales y vínculos de Cepeda con "criminales", buscando desviar la atención y presentar a su rival como el responsable de "narcopolítica". Iván Cepeda busca capitalizar el apoyo de sectores que desconfían de figuras con presuntos vínculos con el paramilitarismo, mientras que Abelardo de la Espriella intenta presentarse como víctima de una estrategia de "persecución política" y apela a la narrativa de "cortina de humo" para desestimar las acusaciones. El partido Centro Democrático apoya esta última narrativa, acusando a Cepeda de repetir tácticas usadas contra Álvaro Uribe. Quien gana con este evento son aquellos que logren convencer a la opinión pública de la veracidad de sus acusaciones o de la falsedad de las del oponente, impactando directamente en la percepción del electorado a pocos días de la votación.

El candidato Iván Cepeda presentó una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional. La denuncia se fundamenta en presuntos delitos de concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito, ligados a estructuras paramilitares de las AUC. Cepeda afirmó contar con nuevas pruebas que demostrarían la pertenencia de De la Espriella a las AUC y su presunta participación en reclutamiento y silenciamiento de miembros de este grupo. Adicionalmente, se le acusa de haber colaborado con sobornos para la elección de Mario Iguarán. La denuncia de Cepeda se basa en elementos que vincularían a De la Espriella con grupos paramilitares a través de la ONG Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que presidió. Según el candidato, esta ONG habría recibido y girado recursos a grupos paramilitares antes de su desmovilización. Cepeda sostiene que De la Espriella actuó como financiado y financiador de estas organizaciones, y que Fipaz fue creada para ampliar su influencia social. También se le acusa de participar en sobornos para silenciar a exjefes paramilitares y financiar la elección de exfiscales. Paralelamente, Abelardo de la Espriella ha denunciado una presunta red de compra de votos en la región Caribe, señalando a más de 26 políticos y figuras públicas, y solicitando vigilancia de autoridades estadounidenses. La campaña de Cepeda ha anunciado acciones legales contra De la Espriella por estas acusaciones, calificándolas de infundadas y estigmatizantes. La tensión política se agrava con acusaciones mutuas de presuntos autoatentados, sin que las autoridades hayan encontrado pruebas que respalden estas afirmaciones.

Análisis político

Se observa una estrategia de ataque y contraataque entre las campañas presidenciales, centrada en la judicialización y la denuncia pública. Iván Cepeda utiliza la vía penal y la Corte Penal Internacional para vincular a su opositor con crímenes de lesa humanidad y financiación del terrorismo, buscando deslegitimarlo y apelar a un sector del electorado sensible a estos temas. Por su parte, Abelardo de la Espriella responde con señalamientos de compra de votos y busca apoyo internacional, apelando a la preocupación por la transparencia electoral y la posible injerencia de actores ilegales. Con esta confrontación, Iván Cepeda busca consolidar su imagen como defensor de los derechos humanos y opositor a la impunidad, mientras que Abelardo de la Espriella intenta presentarse como un denunciante de la corrupción y las prácticas ilegales que, según él, favorecen a su rival. Ambos construyen narrativas distintas: Cepeda se enfoca en el pasado y los presuntos vínculos de su oponente con estructuras criminales, mientras que De la Espriella se centra en presuntas irregularidades actuales y futuras en el proceso electoral, buscando generar desconfianza en la campaña contraria y movilizar a sus bases.