Invías asume la administración del corredor vial Devimed tras finalizar su concesión
Resumen
El Instituto Nacional de Vías (Invías) tomó el control operativo y administrativo del corredor vial Devimed, que abarca 172,5 kilómetros en el oriente antioqueño, a partir del 1 de agosto de 2026. Esta transición se formalizó tras la entrega oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), marcando el cierre de una concesión de Primera Generación. El proyecto conecta a Medellín con el aeropuerto José María Córdova y beneficia a cerca de 450.000 habitantes de ocho municipios de la región.
Durante la vigencia del contrato, se ejecutaron inversiones totales por 2,8 billones de pesos, distribuidos en 977.000 millones para infraestructura y 1,8 billones en operación y mantenimiento. Las obras entregadas incluyen 68,12 kilómetros de segundas calzadas iluminadas, tres túneles, 11 puentes peatonales y tres intercambios a desnivel. Adicionalmente, se realizaron obras complementarias en Rionegro, La Ceja y Guarne por 250.000 millones de pesos provenientes de excedentes financieros.
El director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, aseguró que la entidad cuenta con los recursos necesarios para operar este y otros corredores revertidos, desestimando riesgos de desfinanciación. La administración pública planea optimizar el recaudo de peajes, buscando reducir su número entre un 40% y 60% en las vías recibidas. Este cambio administrativo busca consolidar un modelo de gestión estatal que priorice el mantenimiento correctivo y la conectividad regional.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la recuperación de activos viales estratégicos bajo un modelo de administración pública directa, distanciándose del esquema tradicional de concesiones privadas. Al asumir la operación, el Ejecutivo busca capitalizar políticamente la gestión de infraestructura clave, utilizando los excedentes de peajes para financiar el mantenimiento y reducir la carga económica sobre los usuarios, lo cual responde a una narrativa de soberanía estatal sobre los bienes públicos.
El Gobierno gana control sobre la infraestructura y capacidad de maniobra presupuestal, mientras que los gremios transportadores mantienen una postura de vigilancia ante posibles riesgos de ineficiencia operativa. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta la reversión como un avance hacia la democratización de la infraestructura y la eficiencia fiscal, sectores críticos advierten sobre la presión financiera que estos procesos generan para el Estado y la necesidad de garantizar la calidad del servicio sin la participación privada.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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