Inconsistencias en preacuerdo judicial de alias La Bebecita antes de su muerte
Resumen
Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita, buscaba un preacuerdo con la Fiscalía para obtener una pena de 36 meses de prisión domiciliaria por el delito de concierto para delinquir. La defensa de la joven de 20 años argumentó ante un juez que ella estaba separada de su pareja, Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y que este la mantenía alejada de su vivienda de forma coactiva. Sin embargo, las autoridades cuestionaron la veracidad de estas afirmaciones tras el operativo en Riohacha donde ambos fueron abatidos.
Las investigaciones posteriores al operativo revelaron que Tarazona no era una simple acompañante sentimental, sino que desempeñaba funciones clave dentro de la estructura de Los Pachenca. Según el ente acusador, la mujer se encargaba del pago de nómina a sicarios, la logística y la coordinación del brazo armado en ausencia de su pareja. La Fiscalía había rechazado inicialmente el beneficio de casa por cárcel, argumentando que su nivel de participación en la organización criminal era significativo.
Las autoridades ahora analizan si personas cercanas a la pareja intentaron inducir a error a la justicia mediante testimonios falsos durante el trámite del preacuerdo. El cotejo de prendas de vestir y registros visuales sugiere que, tras la audiencia judicial, Tarazona se dirigió directamente al lugar donde se encontraba el cabecilla criminal. Este hallazgo contradice la versión de la defensa sobre una supuesta ruptura sentimental y pone bajo sospecha la integridad de los argumentos presentados en el proceso judicial.
Análisis Político
La estrategia de la defensa de alias La Bebecita buscaba instrumentalizar figuras jurídicas de protección, como la condición de madre cabeza de familia, para minimizar su responsabilidad penal y obtener beneficios carcelarios. Esta táctica revela un intento de desvincular a los actores criminales de sus estructuras mediante narrativas de victimización o coacción, buscando una salida judicial favorable que ignoraba su rol operativo real en la organización.
El Estado, a través de la Fiscalía y la Fuerza Pública, gana legitimidad al desmantelar estas narrativas mediante el uso de inteligencia técnica y evidencia física que contradice los relatos de la defensa. Por el contrario, la estructura criminal pierde capacidad de maniobra al quedar expuesta la falsedad de sus argumentos, lo que debilita su intento de utilizar el sistema judicial como un escudo para sus integrantes mientras mantienen sus actividades delictivas en la clandestinidad.
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