Imputados por fraude al Fisco vinculan al senador Miguel Ángel Calisto en esquema de corrupción
Resumen
Carla Graf y Roland Cárcamo, excolaboradores del senador Miguel Ángel Calisto, declararon ante el Ministerio Público que el parlamentario lideró un esquema de fraude al Fisco mediante la contratación de asesores fantasma. Graf confesó haber sido un 'palo blanco' cuya contratación servía como fachada para desviar recursos públicos hacia una 'caja pagadora' destinada a gastos personales y políticos del legislador. Según los testimonios, los informes de asesoría presentados al Congreso eran falsos y fueron elaborados para justificar pagos que terminaban en manos del senador.
La investigación, que se extiende desde 2022, ha llevado a la Fiscalía a solicitar una pena de 12 años de cárcel para Calisto. Los imputados detallaron que el dinero también se utilizó para financiar campañas de otros colaboradores y para la compra de bienes inmuebles a nombre de terceros. Además, se denunció el uso de la Fundación Proyecto Futuro para captar fondos adicionales, involucrando supuestamente a otros actores políticos como la diputada Johanna Pérez en la recepción de dineros.
La defensa del senador ha rechazado las acusaciones, calificándolas de falsas y argumentando que los testimonios fueron modificados por los imputados para mejorar su situación procesal tras obtener beneficios cautelares. Los abogados de Calisto presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, alegando que el cierre de la investigación por parte de la Fiscalía vulneró el debido proceso y ocultó diligencias clave. El Juzgado de Garantía ya había rechazado previamente una cautela de garantías solicitada por la defensa para reabrir la indagatoria.
Análisis Político
El caso revela una estrategia de defensa basada en la deslegitimación de los testigos, buscando instalar la narrativa de que la Fiscalía actúa con sesgo al negociar beneficios procesales a cambio de testimonios incriminatorios. Esta táctica busca trasladar el foco del debate desde el fondo de la acusación de fraude hacia una supuesta vulneración de garantías constitucionales, intentando invalidar el proceso judicial antes de llegar a la etapa de juicio oral.
En este escenario, el senador Calisto pierde capital político y credibilidad institucional al ser vinculado directamente con prácticas de clientelismo y uso de fondos públicos para fines privados. Por otro lado, la Fiscalía y los coimputados que colaboran con la justicia ganan terreno al consolidar una acusación formal que, de prosperar, podría derivar en el desafuero del parlamentario. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ministerio Público presenta un esquema de corrupción sistémica, la defensa intenta posicionar al senador como una víctima de una persecución judicial orquestada.
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