El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, suscribió un protocolo de acuerdo con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona para garantizar el financiamiento de la reconstrucción en las regiones de Coquimbo y Atacama. Este pacto fue la condición establecida por los parlamentarios para otorgar su respaldo al último artículo pendiente de la megarreforma, el cual regula la compensación a los municipios por la eliminación de contribuciones a adultos mayores. El Ejecutivo requiere 26 votos en el Senado para aprobar esta iniciativa clave de su agenda legislativa. El acuerdo establece la creación de una mesa técnica encargada de cuantificar los daños provocados por los temporales de julio y definir los montos necesarios para las obras. Los recursos serán incorporados en la Ley de Presupuestos 2027 mediante glosas específicas y se contempla la creación de un fondo de reconstrucción. Este fondo se nutrirá de recursos públicos frescos, donaciones privadas y la enajenación de activos fiscales prescindibles, asegurando que no se utilicen reasignaciones presupuestarias ni fondos regionales. La implementación del protocolo busca equilibrar la urgencia de la reconstrucción con la responsabilidad fiscal y la recomposición de los ahorros soberanos del Estado. Los senadores Gahona y Walker valoraron el compromiso alcanzado tras conversaciones directas con el Presidente José Antonio Kast y el titular de Hacienda. Con este entendimiento, el Gobierno despeja el camino para la votación final del proyecto en la Cámara Alta, superando las dudas que habían mantenido en suspenso la tramitación.

Análisis político

La estrategia política observada refleja el uso del poder de negociación parlamentaria en un escenario de mayorías ajustadas, donde senadores de regiones afectadas utilizan su voto como moneda de cambio para asegurar inversiones territoriales. El Gobierno de José Antonio Kast opta por la gestión directa y el compromiso escrito para evitar una derrota legislativa, priorizando la viabilidad de su megarreforma mediante la descentralización de los recursos de emergencia. El Ejecutivo gana al destrabar un proyecto emblemático, mientras que los senadores Walker y Gahona fortalecen su posición política local al obtener garantías concretas de financiamiento. La narrativa del Gobierno se construye sobre la responsabilidad fiscal y la capacidad de diálogo, mientras que los parlamentarios presentan el acuerdo como un triunfo de la gestión regionalista frente a las necesidades urgentes de sus electores tras los temporales.