La mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, derivó a la Comisión de Ética el altercado verbal protagonizado por las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores. El conflicto se originó tras un punto de prensa donde un grupo de parlamentarios solicitó al Presidente José Antonio Kast indultar a uniformados condenados por hechos del 18-O, incluyendo al exoficial Patricio Maturana. La disputa escaló rápidamente con ataques personales, acusaciones de fraude al fisco, descalificaciones sobre el origen social y menciones a familiares de ambas legisladoras. El intercambio incluyó epítetos como "delincuente", "señora de feria" y "arribista punga", requiriendo incluso la intervención física de la senadora Daniella Cicardini para separar a las involucradas. La mesa directiva de la Cámara Alta emitió un comunicado reafirmando la libertad de expresión como pilar parlamentario, pero subrayando que esta debe acompañarse de un trato respetuoso para fortalecer la confianza ciudadana. La decisión de enviar el caso a la Comisión de Ética busca determinar si el comportamiento vulneró la ética institucional y el decoro esperado en el ejercicio del cargo. Las reacciones en el mundo político fueron transversales y mayoritariamente críticas, calificando el episodio como un espectáculo de "baja estofa" que denigra la labor legislativa. Figuras como la diputada Carmen Hertz respaldaron a Campillai, mientras que parlamentarios de diversos sectores, incluyendo la DC y el Partido Republicano, lamentaron el nivel del debate. Periodistas y analistas también cuestionaron el uso de términos clasistas y despectivos, señalando que el incidente refleja una preocupante polarización y una búsqueda de protagonismo personal por sobre el debate de fondo.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de confrontación directa donde el ataque personal reemplaza la argumentación política, buscando capitalizar la polarización en temas sensibles como los indultos por el estallido social. Esta dinámica permite a las actoras movilizar a sus bases electorales mediante la victimización o la descalificación del adversario, aunque a costa de erosionar la legitimidad institucional del Senado ante la opinión pública. En este escenario, el sistema político en su conjunto pierde credibilidad al trasladar el debate al terreno de la descalificación personal, mientras que las senadoras involucradas arriesgan sanciones éticas que podrían afectar su capital político. La construcción de narrativas se divide entre quienes ven en el altercado una defensa de principios y quienes lo interpretan como una degradación del debate público, utilizando el lenguaje para marcar fronteras identitarias y de clase que profundizan la fragmentación del Congreso.