Impulsan Ley Mariana para declarar imprescriptibles los delitos de homicidio, femicidio y parricidio
Resumen
El caso de Mariana Sepúlveda, joven desaparecida en 2008, ha generado un intenso debate legislativo tras el sobreseimiento definitivo de su autor confeso. El tribunal determinó que el delito había prescrito al cumplirse 15 años del crimen, permitiendo la libertad del imputado. Esta resolución judicial motivó la presentación de un proyecto de ley, denominado Ley Mariana, por parte del diputado Javier Muñoz junto a la familia de la víctima y el exfiscal Carlos Gajardo.
La iniciativa busca modificar el Código Penal para eliminar los plazos de prescripción en los delitos de homicidio, parricidio y femicidio. Los impulsores argumentan que el paso del tiempo no debe ser una herramienta de impunidad, especialmente cuando la ocultación de evidencia o la falta de antecedentes dificultan el esclarecimiento inicial. El proyecto propone que la acción penal sea imprescriptible, siguiendo una lógica similar a la aplicada en delitos de lesa humanidad y abusos sexuales contra menores.
La propuesta legislativa contempla el principio de irretroactividad, por lo que solo se aplicaría a hechos ocurridos tras su eventual entrada en vigencia. Mientras la Fiscalía analiza posibles recursos para revertir el sobreseimiento actual, el diputado Muñoz ha solicitado al Ejecutivo que otorgue urgencia a la tramitación del proyecto. La discusión pone en tensión la seguridad jurídica frente a la demanda social por justicia en crímenes de alta gravedad.
Análisis Político
La estrategia política observada se basa en la instrumentalización de un caso de alta sensibilidad pública para impulsar reformas estructurales al Código Penal. Al capitalizar la frustración ciudadana ante la impunidad, los parlamentarios logran instalar una agenda de seguridad que busca transversalidad política, presionando al Ejecutivo para que otorgue urgencia a la tramitación legislativa bajo el argumento de la justicia reparatoria.
En este escenario, la familia de la víctima y los sectores que promueven la reforma ganan legitimidad al posicionarse como defensores de los derechos de las víctimas, mientras que el sistema judicial y la defensa del imputado pierden capital político al aplicar criterios técnicos de prescripción que chocan con la percepción pública de justicia. La narrativa se construye mediante la contraposición entre el formalismo legal, visto como un obstáculo, y la necesidad de una justicia que no caduque ante la gravedad de los delitos contra la vida.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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