El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrió un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa Sencia, concesionaria del estadio Nemesio Camacho El Campín. Esta medida responde a presuntos incumplimientos contractuales relacionados con el mantenimiento de la gramilla, los cuales impidieron la realización del partido entre Millonarios y Once Caldas el pasado 13 de octubre. La concesionaria fue citada a una audiencia pública para el 29 de octubre, donde podrá ejercer su derecho a la defensa ante los hallazgos de la interventoría. La crisis del escenario deportivo ha escalado a instancias de control, incluyendo una indagación preliminar de la Contraloría de Bogotá sobre el posible detrimento patrimonial y el uso de recursos públicos. Paralelamente, la Personería de Bogotá inició una investigación disciplinaria contra el director del IDRD, Daniel García, y otros cuatro funcionarios de la entidad. El ente de control busca determinar si existieron fallas en la supervisión de los contratos de operación del estadio y en el aprovechamiento del césped del parque La Florida. El debate público se intensificó tras denuncias sobre el traslado de césped desde parques públicos hacia el estadio para intentar recuperar la cancha tras eventos musicales. Mientras el IDRD sostiene que su prioridad es proteger el escenario y exigir el cumplimiento de las obligaciones, sectores políticos han cuestionado la estructura de la Asociación Público-Privada (APP) vigente. La administración distrital mantiene el seguimiento técnico sobre el operador, mientras se definen las responsabilidades disciplinarias y contractuales de los actores involucrados.

Análisis político

La estrategia política del Distrito se centra en el control de daños mediante la activación de mecanismos sancionatorios, buscando desmarcarse de la gestión del privado ante la presión de la opinión pública y los entes de control. Al abrir el proceso contra Sencia, la administración de Carlos Fernando Galán intenta recuperar la iniciativa política y demostrar rigor técnico, mientras enfrenta cuestionamientos sobre la eficacia de la supervisión estatal en las alianzas público-privadas. En este escenario, el gran perdedor es la imagen de la administración distrital y la confianza en el modelo de concesión del estadio, que ha sido blanco de críticas por priorizar eventos comerciales sobre el fútbol. Por otro lado, los entes de control como la Personería y la Contraloría ganan protagonismo al capitalizar el descontento ciudadano, construyendo una narrativa de vigilancia sobre la gestión pública que pone en jaque la continuidad de los funcionarios del IDRD y la estabilidad del contrato con Sencia.