Un accidente de rafting en el río Maipo, comuna de San José de Maipo, resultó en el fallecimiento de tres mujeres adultas durante la tarde de este domingo. La embarcación, que transportaba a un grupo familiar de trece personas, incluyendo cinco menores de edad, volcó mientras descendía por el cauce. Equipos de emergencia, incluyendo Bomberos, Carabineros y personal municipal, desplegaron labores de rescate que permitieron asistir a los sobrevivientes y trasladarlos al hospital local. La delegada presidencial provincial de Cordillera, María Angélica Villadangos, calificó el hecho como una irresponsabilidad, señalando que la balsa excedía la capacidad máxima permitida por la ordenanza municipal, que establece un límite de seis personas. Las autoridades confirmaron que la actividad correspondía a una salida familiar particular y no a un servicio comercial. Entre las víctimas fatales se identificó a la madre y a la hermana del guía que conducía la balsa. La Asociación de Empresas de Rafting del Cajón del Maipo aclaró que la embarcación no pertenecía a ninguna de sus empresas registradas, las cuales operan bajo estrictos protocolos de seguridad y certificación. El gremio colaboró activamente en las labores de búsqueda con guías y kayakistas especializados. Tras finalizar el operativo de rescate, las autoridades reiteraron el llamado a contratar únicamente operadores formales para la práctica de deportes en aguas blancas.

Análisis político

El evento pone de relieve la tensión entre la regulación municipal de actividades turísticas y la práctica informal de deportes de riesgo. La estrategia de las autoridades locales y gremiales se centra en deslindar responsabilidades mediante la distinción entre operadores certificados y actividades familiares, buscando proteger la reputación del sector turístico en la zona. Se observa una narrativa de 'irresponsabilidad individual' frente a la 'seguridad institucionalizada', utilizada para reforzar la necesidad de cumplir con las ordenanzas vigentes. En este escenario, el sector turístico formal gana legitimidad al posicionarse como el garante de la seguridad, mientras que la familia involucrada y la práctica informal pierden credibilidad pública. La construcción del relato oficial enfatiza el incumplimiento de las normas de capacidad como causa principal del siniestro, desplazando el foco de una posible falla en la infraestructura o regulación del río hacia la conducta de los particulares.