Human Rights Watch presentó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un informe que documenta al menos 1.500 casos de reclutamiento de menores desde 2021, con un incremento significativo a partir de 2023. La organización advirtió que el fenómeno se cuadruplicó entre 2022 y 2025, afectando desproporcionadamente a comunidades indígenas y menores de entre 10 y 14 años. Las disidencias de las FARC son señaladas como las principales responsables de esta práctica, que es calificada como un crimen de guerra bajo el derecho internacional.

Análisis político

La estrategia política de HRW busca presionar al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella para que abandone la inoperancia institucional y adopte una política integral de seguridad que trascienda la respuesta militar. Al visibilizar la ineficacia del Estado y la falta de un registro único de víctimas, la organización desplaza el foco hacia la necesidad de una reforma estructural en la atención a menores, exponiendo la debilidad de las políticas de paz anteriores que permitieron el fortalecimiento de grupos armados durante los ceses al fuego. En este escenario, el gobierno entrante se encuentra en una posición vulnerable al heredar una crisis de seguridad que se agudizó en el periodo previo, mientras que las plataformas digitales como Meta y TikTok pierden legitimidad al ser señaladas como facilitadoras involuntarias del reclutamiento mediante sus algoritmos. La narrativa de HRW construye una urgencia que obliga a los actores políticos a priorizar la protección de la niñez sobre las disputas ideológicas, dejando en evidencia que la falta de condenas judiciales —apenas el 0,2%— es el principal factor de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia.

Human Rights Watch presentó un informe ante el Congreso que documenta al menos 1.500 casos de reclutamiento de menores en Colombia desde 2021, con un incremento significativo a partir de 2023. La investigación señala que las disidencias de las FARC son los principales responsables, afectando desproporcionadamente a comunidades indígenas y menores de entre 10 y 14 años. El documento advierte que el reclutamiento de niños menores de 15 años constituye un crimen de guerra bajo el derecho internacional. El informe destaca el uso sistemático de redes sociales como TikTok y Facebook por parte de grupos armados para captar menores mediante promesas de dinero y lujos. Aunque las plataformas han eliminado cuentas denunciadas, la organización advierte que los algoritmos continúan recomendando contenidos de reclutamiento a los usuarios. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, criticó la ineficacia de las medidas de moderación y la persistencia de este fenómeno en el entorno digital. La entidad cuestionó la respuesta estatal, señalando que la política de paz total del gobierno anterior generó incentivos perversos que facilitaron el control territorial de los grupos armados. Asimismo, denunció una impunidad casi absoluta, con apenas un 0,2 % de condenas en los casos investigados desde 2016. HRW instó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a implementar una política integral de seguridad y justicia que priorice la protección de la niñez.

Análisis político

La estrategia política de Human Rights Watch se centra en visibilizar la inoperancia estatal y la responsabilidad de las plataformas digitales, utilizando datos técnicos para presionar al nuevo gobierno hacia un cambio de enfoque en seguridad. Al vincular el aumento del reclutamiento con la política de paz total del gobierno anterior, la organización construye una narrativa de crisis institucional que exige una respuesta inmediata y robusta, desplazando la responsabilidad de la gestión de seguridad hacia la administración entrante. En este escenario, el gobierno de Abelardo de la Espriella gana legitimidad al recibir una hoja de ruta clara para su política de seguridad, mientras que el legado del gobierno anterior pierde terreno ante la evidencia de los efectos negativos de los ceses al fuego. Por su parte, las plataformas tecnológicas pierden reputación al ser señaladas como facilitadoras involuntarias de crímenes de guerra, lo que las obliga a adoptar medidas de moderación más estrictas para evitar sanciones o mayor escrutinio público.

Human Rights Watch presentó un informe que documenta al menos 1.500 casos de reclutamiento de menores por grupos armados en Colombia desde 2021, advirtiendo que la cifra se cuadruplicó entre 2022 y 2025. El documento señala que las disidencias de las FARC son responsables de la mayoría de los hechos, con una afectación desproporcionada sobre comunidades indígenas y menores de entre 10 y 14 años. La organización enfatizó que esta práctica constituye un crimen de guerra bajo el derecho internacional. La investigación destaca el uso sistemático de Facebook y TikTok por parte de grupos ilegales para atraer menores mediante engaños, códigos visuales y ofertas de bienes materiales. Según HRW, los algoritmos de estas plataformas han facilitado la difusión de contenidos al recomendar perfiles de reclutadores a los usuarios. Aunque Meta y ByteDance han eliminado cuentas reportadas, la organización sostiene que las medidas de moderación actuales son insuficientes para frenar la dinámica digital del reclutamiento. El informe cuestiona la respuesta institucional del Estado, señalando que solo el 0,2% de las denuncias desde 2016 ha terminado en condenas y que existe una disparidad en la atención a las víctimas según el grupo armado responsable. Ante este panorama, HRW instó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a implementar una política integral de seguridad y justicia. Asimismo, resaltó el papel de las guardias indígenas en la protección de la niñez ante la inoperancia estatal en los territorios.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de HRW orientada a presionar al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella mediante la visibilización de fallas estructurales en la seguridad y la justicia. Al vincular el aumento del reclutamiento con la política de 'paz total' del gobierno anterior, la narrativa se desplaza hacia la crítica de la falta de control territorial y la impunidad, posicionando a las organizaciones indígenas como actores de resistencia legítima frente al vacío estatal. En este escenario, el gobierno entrante se enfrenta al desafío de capitalizar el informe para justificar una política de seguridad más robusta, mientras que las plataformas tecnológicas pierden terreno en su reputación al ser señaladas como facilitadoras involuntarias de crímenes de guerra. La construcción narrativa de HRW logra unificar la crisis de derechos humanos con la modernización del conflicto, dejando al Estado en una posición de debilidad institucional que exige una respuesta inmediata para evitar el costo político de la inacción.