El abogado Luis Hermosilla declaró ante la Fiscalía Regional de Valparaíso que recibió pagos mensuales de 100 UF en efectivo por parte del expresidente Sebastián Piñera. Estos fondos, entregados trimestralmente por asesores del Segundo Piso como Benjamín Salas y Andrés Sotomayor, buscaban financiar la defensa penal de altas autoridades en causas sobre el estallido social y la pandemia. Hermosilla precisó que estos montos eran independientes de su sueldo formal como asesor externo del Ministerio del Interior, el cual se pagaba mediante transferencias bancarias. La declaración detalla que el exmandatario buscaba estar informado al detalle sobre las estrategias legales empleadas en dichos procesos judiciales. Los pagos se extendieron desde finales de 2020 hasta mediados de 2022, continuando incluso después de que Piñera dejara el cargo en marzo de ese año. El imputado afirmó desconocer el origen exacto de los recursos entregados en efectivo y aclaró que no emitió boletas de honorarios por estas gestiones específicas. El testimonio también aborda la influencia de abogados en el Poder Judicial, mencionando coordinaciones con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik para incidir en nombramientos de jueces. Hermosilla admitió haber buscado favores de ministros de cortes y señaló que existía un interés político en designar magistrados afines. Estas revelaciones se enmarcan en la investigación por corrupción que mantiene al abogado como figura central del caso Audio.

Análisis político

La estrategia de Hermosilla ante la justicia chilena marca un punto de inflexión al pasar de la reserva a la revelación de detalles operativos que involucran directamente al círculo íntimo del fallecido expresidente. Al exponer la existencia de pagos en efectivo y coordinaciones informales, el abogado busca desviar la atención hacia una estructura de poder superior, intentando diluir su responsabilidad individual en el caso de corrupción judicial mediante la exposición de prácticas sistémicas de influencia política. En este escenario, el gran perdedor es el legado político del sector vinculado al exmandatario, cuya narrativa de institucionalidad se ve erosionada por la confirmación de mecanismos de pago opacos y gestiones de lobby judicial. Por otro lado, la Fiscalía gana terreno al obtener testimonios que conectan las redes de influencia con el Ejecutivo, mientras que los actores políticos involucrados se ven obligados a construir narrativas defensivas que intentan separar la gestión de defensa legal de la injerencia indebida en el Poder Judicial.