Hermosilla revela pagos en efectivo de Piñera y coordinaciones en nombramientos judicialesActualizado · hace 44 días
Resumen
El abogado Luis Hermosilla declaró ante la Fiscalía Regional de Valparaíso que recibió pagos mensuales de 100 UF en efectivo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Según su testimonio, estos montos fueron una iniciativa directa del exmandatario para financiar la defensa penal de altas autoridades en causas vinculadas al estallido social y la pandemia. El imputado precisó que los pagos eran gestionados por asesores del Segundo Piso y se extendieron incluso después de que Piñera dejara el cargo en 2022.
La declaración detalla que los honorarios no fueron respaldados mediante boletas o transferencias bancarias, sino entregados de forma trimestral por figuras como Benjamín Salas y Andrés Sotomayor. Hermosilla afirmó desconocer el origen exacto de los fondos, aunque fuentes cercanas al exgobierno sostuvieron que los recursos provenían del patrimonio personal de Piñera. El abogado también reconoció haber coordinado con otros juristas, como Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, para influir en nombramientos judiciales estratégicos.
Este testimonio marca un hito en la investigación por presunta corrupción, al vincular directamente al fallecido expresidente con una estructura de pagos paralela y opaca. La revelación de chats y la admisión de Hermosilla sobre sus gestiones en el Poder Judicial han intensificado el escrutinio sobre las redes de influencia política. La Fiscalía continúa analizando estos antecedentes para determinar la magnitud de las irregularidades en la designación de jueces y ministros.
Análisis Político
La estrategia de Hermosilla ante la justicia chilena parece transitar desde el silencio hacia una colaboración selectiva que busca exponer las dinámicas de poder del gobierno anterior. Al revelar que las instrucciones provenían directamente de la máxima autoridad, el abogado intenta desplazar la responsabilidad penal hacia una estructura jerárquica, mientras utiliza un lenguaje coloquial y provocador para desviar la atención mediática hacia su propia figura.
En este escenario, el gran perdedor es el legado político del sector vinculado al exmandatario, cuya narrativa de probidad se ve severamente cuestionada por la existencia de pagos en efectivo y gestiones informales en el Poder Judicial. Por otro lado, la Fiscalía gana terreno al obtener testimonios que conectan el caso Audios con el corazón del Segundo Piso, obligando a los actores políticos a construir narrativas defensivas que intentan separar la gestión institucional de las decisiones personales del expresidente.
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