Grupos armados ilegales aumentaron sus integrantes durante el gobierno de Gustavo Petro
Resumen
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó un balance oficial ante el Congreso que revela un incremento significativo en el número de integrantes de grupos armados ilegales entre diciembre de 2022 y julio de 2026. Según las cifras expuestas, los miembros de estas estructuras pasaron de 15.120 a 28.802 personas durante el periodo de la política de paz total. El Clan del Golfo registró el mayor crecimiento con un 152%, seguido por el Estado Mayor Central y la Coordinadora Bolivariana.
Un informe conjunto de diversas organizaciones de derechos humanos coincide con estas cifras, señalando que el fortalecimiento de estos grupos ha derivado en un mayor control territorial en cientos de municipios. El documento destaca que, a pesar de una reducción en las agresiones totales contra líderes sociales, los asesinatos y desapariciones forzadas se mantienen como una problemática crítica. Además, se reportó un aumento del 145% en las muertes causadas por explosivos entre enero y agosto de 2025.
El Gobierno actual utiliza estos datos para cuestionar los resultados de la administración anterior, mientras que el ministro de Justicia, Iván Cancino, reafirmó el compromiso de respetar los acuerdos constitucionales previos y el trabajo de la JEP. Por su parte, las organizaciones sociales instaron al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella a no abandonar la negociación política y la inversión social. El debate subraya la tensión entre la estrategia militar y la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto armado.
Análisis Político
El gobierno actual emplea una estrategia de contraste basada en la divulgación de cifras negativas sobre la seguridad para deslegitimar la gestión de su predecesor. Al presentar el aumento de integrantes armados como un fracaso directo de la paz total, el Ejecutivo busca consolidar una narrativa de orden y control que justifique posibles cambios en la política de seguridad. Esta táctica permite al nuevo gabinete distanciarse de los resultados del cuatrienio anterior mientras intenta capitalizar el descontento social por la persistencia de la violencia.
En este escenario, el gobierno de Abelardo de la Espriella gana legitimidad al posicionarse como un actor que expone la realidad del territorio, aunque pierde margen de maniobra al estar obligado a cumplir compromisos institucionales previos, como los acuerdos con la JEP. Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, construyen una narrativa de advertencia, intentando evitar que el nuevo gobierno desmantele los procesos de paz bajo la excusa de los malos resultados, manteniendo la presión sobre la necesidad de una salida integral al conflicto.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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