Una marcha convocada por la Confech en Santiago, que reunió a cerca de 6.000 personas para protestar contra el Presupuesto 2027, derivó en violentos incidentes frente a la Casa Central de la Universidad Católica. Integrantes de los movimientos estudiantiles Solidaridad y Movimiento Gremial fueron atacados con golpes, objetos contundentes y pintura mientras realizaban una contraprotesta pacífica. Diez estudiantes resultaron lesionados y cuatro de ellos debieron ser trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. El Gobierno, a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, condenó los hechos calificándolos de cobardes y arteros, anunciando que el Ejecutivo evalúa acciones legales contra los responsables. El Presidente José Antonio Kast también se refirió al suceso, enfatizando que el derecho a manifestarse no justifica la agresión hacia quienes piensan distinto. Por su parte, la vocera de la Confech, Laura Mlynarz, rechazó la violencia, aunque cuestionó el actuar policial durante la jornada y reiteró las demandas estudiantiles frente a la falta de diálogo con las autoridades. La situación escaló al ámbito judicial cuando cinco diputados del Partido Republicano presentaron una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Los parlamentarios solicitaron revisar cámaras de seguridad y registros audiovisuales para identificar a los agresores, incluyendo la investigación sobre el uso de sustancias inflamables. La Universidad Católica también presentó una denuncia ante Carabineros, mientras que la cifra total de detenidos por los incidentes de la jornada ascendió a 31 personas según el reporte oficial.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de polarización en el espacio universitario, donde los grupos de derecha buscan visibilizar la intolerancia de los sectores movilizados, mientras que el Gobierno utiliza el incidente para reforzar su narrativa de orden público y defensa de la democracia frente a la violencia. La construcción de la narrativa se divide entre quienes denuncian una 'ideologización' violenta de las marchas y quienes, desde la Confech, intentan separar sus demandas sociales de los actos de grupos minoritarios, aunque enfrentan el costo político de la deslegitimación por los desmanes. En este escenario, el Gobierno y el Partido Republicano ganan terreno al posicionarse como defensores de la integridad física y la libertad de expresión de los estudiantes agredidos, capitalizando el rechazo transversal a la violencia. Por el contrario, la Confech pierde capacidad de interlocución efectiva, ya que la atención pública se desplaza desde sus demandas presupuestarias hacia la condena de los incidentes, debilitando su posición frente a un Ejecutivo que condiciona el diálogo a la ausencia de violencia.

Una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en la Alameda de Santiago derivó en graves incidentes frente a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica. Manifestantes encapuchados atacaron con golpes, objetos contundentes, gas pimienta y pintura a estudiantes de los movimientos Solidaridad y Gremial, quienes realizaban una contraprotesta pacífica con lienzos. El saldo de la jornada incluyó al menos 31 detenidos y varios estudiantes de la UC lesionados, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros asistenciales. El Ejecutivo, a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el delegado presidencial, Germán Codina, condenó enérgicamente los ataques, calificándolos de cobardes y arteros. Las autoridades anunciaron que estudiarán acciones legales y querellas contra los responsables de los desórdenes. El Presidente José Antonio Kast también se refirió al evento, enfatizando que, si bien la manifestación es un derecho legítimo, la violencia contra quienes piensan distinto es inaceptable en democracia. Por su parte, la vocera de la Confech, Laura Mlynarz, justificó la movilización como una respuesta ante la falta de diálogo del Gobierno respecto al presupuesto educativo y los derechos sociales. La dirigente sostuvo que la unidad estudiantil es esencial frente a la incertidumbre sobre posibles recortes en beneficios. Mientras el Gobierno enfatiza el orden público y la condena a la violencia, los estudiantes mantienen su postura crítica sobre la gestión gubernamental.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en capitalizar el rechazo transversal a la violencia para deslegitimar la movilización estudiantil, posicionándose como garante del orden y la convivencia democrática. Al condenar los ataques a estudiantes de derecha, el Ejecutivo refuerza una narrativa de tolerancia frente a la intolerancia, buscando aislar a los grupos radicales de la Confech y evitar que el debate se desplace hacia las demandas presupuestarias de los manifestantes. En este evento, el Gobierno gana terreno al presentarse como un actor que protege a las víctimas de la violencia, mientras que la Confech pierde capacidad de control sobre su propia convocatoria al verse asociada con actos de agresión física. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo etiqueta los hechos como un ataque a la democracia y a la libertad de expresión, mientras que los dirigentes estudiantiles intentan mantener el foco en la crisis de financiamiento y la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo.