El Gobierno venezolano y un sector de la oposición, representado por la Asamblea Nacional de 2015, iniciarán esta semana una nueva ronda de diálogos presenciales en Caracas. Las delegaciones, encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera respectivamente, acordaron una agenda que prioriza la atención a las víctimas del terremoto del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y la definición de garantías políticas. Este proceso cuenta con el impulso directo de Estados Unidos, país que busca destrabar el nudo institucional y avanzar hacia un cronograma electoral. La estructura de las conversaciones se desarrolla bajo una dinámica de mesas técnicas con metas verificables, proyectadas para un periodo de seis meses. A pesar de la formalidad del anuncio, el proceso carece de un aval parlamentario explícito en el Legislativo venezolano y ha generado críticas internas, incluso dentro de sectores del oficialismo. La líder opositora María Corina Machado se mantiene al margen de esta instancia, insistiendo en el reconocimiento de los resultados electorales de 2024, mientras que el chavismo busca el levantamiento de sanciones internacionales. La relevancia de este diálogo radica en la gestión de activos estratégicos del Estado en el exterior, como Citgo y reservas de oro, actualmente bajo la administración de la Asamblea de 2015. La participación de Estados Unidos es vista como una garantía de cumplimiento, diferenciando este intento de negociaciones previas que fracasaron por incumplimientos. El éxito de esta etapa depende de la capacidad de las partes para traducir los acuerdos en soluciones concretas para la crisis humanitaria y política que atraviesa el país.

Análisis político

La estrategia política observada es una negociación tutelada donde Estados Unidos ejerce presión directa para forzar una transición, utilizando el reconocimiento de la administración de Delcy Rodríguez como moneda de cambio para obtener concesiones electorales. El oficialismo busca legitimidad y alivio económico mediante el levantamiento de sanciones, mientras que el sector opositor de la Asamblea de 2015 intenta recuperar relevancia política al ser el interlocutor validado por Washington, desplazando a la facción de María Corina Machado. En este escenario, el gran perdedor político es la oposición radical liderada por Machado, que queda excluida de la mesa de negociación y pierde capacidad de maniobra frente a la agenda impuesta por la Casa Blanca. Por su parte, el Gobierno gana tiempo y oxígeno institucional, aunque se arriesga a fracturas internas con sectores del 'chavismo originario' que rechazan la injerencia extranjera. La narrativa oficialista se construye bajo la premisa de la soberanía y la atención a la emergencia, mientras que la oposición institucional presenta el diálogo como un capítulo necesario para la recuperación democrática.