Gobierno y alcaldes en disputa por compensación municipal ante exención de contribuciones
Resumen
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció en el Senado un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades para compensar al 100% los ingresos que los municipios dejarán de percibir por la exención de contribuciones a adultos mayores. Esta propuesta busca cubrir tanto al Fondo Común Municipal como a los ingresos propios de cada comuna, condicionando los recursos a la reducción de plazos en permisos de inversión y al cumplimiento de estándares de transparencia. El Ejecutivo pretendía con esto destrabar la votación de la megarreforma en el Congreso.
La iniciativa fue rechazada por diversos alcaldes de oposición, quienes desmintieron la existencia de un consenso transversal y cuestionaron la falta de focalización del beneficio tributario. Figuras como la vicepresidenta de la AChM, Karina Delfino, y la alcaldesa Javiera Reyes calificaron la medida de regresiva, argumentando que favorece a sectores de altos ingresos y profundiza la desigualdad. Otros ediles, como Tomás Vodanovic, señalaron que la compensación carga el costo fiscal sobre los impuestos generales pagados por comunas de menores recursos.
La falta de unanimidad entre los jefes comunales impidió que la indicación fuera ingresada formalmente durante la sesión legislativa. Actualmente, el Ejecutivo busca reactivar el proyecto mediante una nueva ley, mientras persiste la tensión política sobre cómo equilibrar la ayuda a los adultos mayores sin afectar la equidad territorial ni la autonomía financiera de los municipios. La discusión sigue pendiente de resolución en el tercer trámite constitucional de la reforma.
Análisis Político
La estrategia del Ejecutivo revela un intento de utilizar la descentralización financiera como moneda de cambio para destrabar reformas estructurales, vinculando la transferencia de recursos a la eficiencia administrativa y la reducción de la 'permisología'. Esta táctica busca alinear a los alcaldes mediante incentivos económicos, pero choca con la fragmentación política al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde la oposición utiliza la demanda de 'focalización' para marcar una diferencia ideológica sobre la progresividad del gasto público.
En este escenario, el Gobierno pierde capital político al intentar forzar un consenso inexistente, lo que debilita su capacidad de negociación en el Congreso. Por otro lado, los alcaldes de oposición ganan visibilidad al posicionarse como defensores de la equidad social, construyendo una narrativa que contrapone la justicia distributiva frente a lo que denominan una política regresiva. La construcción de estas narrativas opuestas evidencia una polarización donde la gestión municipal se convierte en un campo de batalla para definir el modelo de bienestar y la responsabilidad fiscal del Estado.
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