La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, anunciaron una transformación integral del Sistema de Medios Públicos. Esta medida incluye la finalización de la franja noticiosa y de opinión que operaba hasta el 6 de agosto, la cual consumía el 90% de los recursos técnicos y humanos de la entidad. El objetivo declarado es redirigir la programación hacia la cultura, el arte y la educación, bajo criterios de independencia y pluralidad. La administración puso bajo revisión 1.051 contratos suscritos durante 2026, que suman más de $100.000 millones, incluyendo 87 acuerdos firmados entre el 6 y 7 de agosto por $4.000 millones. Se investigarán posibles irregularidades en la ejecución y legalización de convenios, así como incrementos superiores al 100% en costos de mantenimiento y logística. Para este proceso, la entidad solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. El cambio de modelo busca desvincular a los medios públicos de lo que la actual administración denomina intereses políticos o de propaganda. Mientras se ejecuta esta reestructuración, Inravisión mantiene una programación especial para atender la emergencia derivada del terremoto ocurrido el 10 de agosto. La nueva dirección enfatiza que la entidad debe recuperar su carácter de servicio público al servicio de todos los ciudadanos.

Análisis político

La estrategia política observada consiste en un desmonte sistemático de la estructura mediática heredada, utilizando la auditoría contractual como herramienta de legitimación para desplazar a la administración anterior. Al calificar la gestión previa como un 'aparato de propaganda', el actual gobierno construye una narrativa de rescate institucional que busca deslegitimar el legado de la administración de Gustavo Petro y Holman Morris, posicionándose como los garantes de la independencia y la transparencia. El gobierno actual gana control sobre la narrativa pública y la capacidad de reorientar los recursos hacia sus propios ejes temáticos, mientras que la oposición y los funcionarios salientes pierden su principal plataforma de difusión masiva. La construcción de narrativas es divergente: mientras la nueva administración presenta el ajuste como una depuración técnica y ética necesaria, el impacto político directo es la neutralización de una franja informativa que, según el Ministerio TIC, estaba subordinada a intereses particulares.