El Gobierno nacional ha decretado la suspensión temporal de operaciones militares ofensivas y procedimientos especiales de Policía contra integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Esta medida, vigente del 14 al 19 de junio, busca facilitar el desplazamiento de aproximadamente 900 combatientes de este grupo armado, una disidencia de la Segunda Marquetalia, hacia zonas de ubicación previamente acordadas. El Decreto 0603, emitido el 13 de junio de 2026, establece claramente el marco temporal de esta suspensión, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el traslado de los miembros de la CNEB. Esta acción se enmarca dentro de la política de 'Paz Total' que adelanta el gobierno. La suspensión focalizada de operaciones militares busca crear condiciones de seguridad propicias para que los combatientes puedan moverse sin interferencias hacia las zonas designadas. Se observa una estrategia política del gobierno saliente por consolidar avances en su política de Paz Total antes de finalizar su mandato, utilizando esta suspensión como una herramienta para facilitar la concentración del grupo armado en un área temporal específica. La medida, aunque temporal, representa un paso concreto en los esfuerzos por avanzar en los diálogos y acuerdos con grupos armados al margen de la ley.

Análisis político

La suspensión de operaciones militares contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) evidencia una estrategia gubernamental centrada en la desmovilización y la búsqueda de acuerdos con grupos armados, como pilar fundamental de la política de 'paz total'. Al crear un entorno de seguridad temporal, el gobierno busca facilitar no solo el traslado físico de los combatientes a zonas de ubicación, sino también sentar las bases para futuras negociaciones y desmovilizaciones. Esta medida puede interpretarse como un intento del gobierno saliente por dejar un legado tangible en materia de paz antes de concluir su mandato. La suspensión focalizada de operaciones militares, en lugar de ser una renuncia a la acción estatal, se presenta como una herramienta táctica para avanzar en objetivos de mayor envergadura, como la consolidación de acuerdos y la reducción de la violencia. La efectividad de esta estrategia dependerá de la respuesta de la CNEB y de la capacidad del gobierno para mantener la gobernabilidad y la seguridad en las zonas de ubicación.

El Gobierno nacional decretó la suspensión temporal de operaciones militares ofensivas y procedimientos especiales de Policía contra integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Esta medida, vigente del 14 al 19 de junio, busca facilitar el desplazamiento de aproximadamente 99 a 100 miembros de esta estructura hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo. La suspensión se aplica de manera focalizada en corredores y rutas definidas para el traslado, con información reservada para proteger la seguridad de los participantes. El objetivo es avanzar en el proceso de desarme, desmovilización y tránsito a la vida civil de los integrantes del grupo. La decisión se enmarca en los diálogos de paz que el Gobierno mantiene con la CNEB, buscando garantizar el traslado seguro hacia la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal. El decreto establece un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) integrado por delegados del Ejecutivo, representantes de la CNEB y otros miembros para supervisar el proceso. La CNEB se comprometió a no realizar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública durante las fases de desplazamiento, preagrupamiento y llegada a la ZUT. La medida no implica una renuncia a las funciones constitucionales de la Fuerza Pública. Esta acción representa un paso concreto en la política de 'paz total' y la implementación de acuerdos pactados en la mesa de diálogos. La ZUT tiene como propósito facilitar el proceso de transición a la vida civil y contribuir a la terminación del conflicto armado, articulado con la sustitución de economías ilegales. La suspensión de operaciones militares ha generado cuestionamientos sobre posibles fines electorales, dado que ocurre a una semana de la segunda vuelta presidencial.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental centrada en la desmovilización y la búsqueda de acuerdos con grupos armados como parte de la política de 'paz total'. La suspensión focalizada de operaciones militares busca crear condiciones de seguridad para el traslado de combatientes a zonas de ubicación temporal, facilitando así el avance en los procesos de negociación y desarme. La creación de mecanismos de monitoreo y verificación, junto con el compromiso de no agresión por parte del grupo, evidencian un intento de generar confianza y estructurar un camino hacia la transición a la vida civil. El Gobierno busca consolidar avances en la negociación, presentando esta medida como un paso concreto hacia la paz. Quienes ganan son los integrantes de la CNEB al obtener garantías para su desplazamiento y proceso de desmovilización. Quienes pierden, o al menos se ven cuestionados, son las Fuerzas Militares al ver limitadas sus operaciones, y el Gobierno mismo ante las críticas de sectores que ven en estas concesiones un posible beneficio a criminales con fines electorales, especialmente en un contexto preelectoral. Las narrativas difieren entre el Gobierno, que la presenta como un avance en la paz, y algunos sectores políticos que la interpretan como una claudicación o una estrategia con motivaciones electorales.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, suspendió temporal y focalizadamente las operaciones militares y policiales contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Esta medida busca facilitar el desplazamiento de sus integrantes hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. La CNEB es una disidencia de la Segunda Marquetalia, compuesta por agrupaciones como los Comandos de Frontera, y su jefe negociador es José Vicente Lesmes, alias "Wálter Mendoza". La suspensión de operaciones militares y policiales estará vigente entre el 14 y el 19 de junio de 2026, abarcando únicamente corredores y puntos previamente definidos para el desplazamiento. El objetivo es permitir la movilización de aproximadamente 100 combatientes de los Comandos de Frontera hacia la ZUT, donde se desarrollarán actividades de capacitación y eventual reincorporación. Se ha establecido un Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por el Gobierno, la CNEB y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, para supervisar el funcionamiento de la zona. La decisión ha generado controversia, especialmente por ocurrir a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sectores críticos, como la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) y José Félix Lafaurie, han expresado preocupación y cuestionado los alcances y el momento de la medida, mientras que el Gobierno defiende la estrategia como parte de la política de "Paz Total" para combatir el narcotráfico mediante la sustitución de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de economías legales.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental de "Paz Total" que busca avances concretos en los diálogos con grupos armados, materializada en la creación de Zonas de Ubicación Temporal. La suspensión de operaciones militares, aunque justificada como un facilitador logístico para el desplazamiento, se presenta en un momento políticamente sensible, a pocos días de la segunda vuelta electoral. Esto genera narrativas contrapuestas: para el gobierno, es una muestra de progreso en la búsqueda de la paz; para la oposición, es una maniobra que podría influir en el resultado electoral o ser vista como una concesión a grupos al margen de la ley. El principal beneficiado de esta medida, desde una perspectiva de avance en los diálogos, es el Gobierno y el grupo armado involucrado, al concretar un paso hacia la desmovilización. Quienes pierden son aquellos sectores que ven con escepticismo la "Paz Total" y que critican la oportunidad de la medida, asociándola a intereses electorales. Las narrativas se construyen en torno a la efectividad y legitimidad de la política de paz: el gobierno la presenta como una vía para la pacificación y el fin del narcotráfico, mientras que los críticos la cuestionan por su timing y sus potenciales implicaciones en la seguridad y el orden público, llegando a plantear hipótesis sobre campañas electorales encubiertas.