Gobierno suspende operaciones militares contra disidencia del Ejército Bolivariano en vísperas de elecciones
Resumen
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, suspendió temporal y focalizadamente las operaciones militares y policiales contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Esta medida busca facilitar el desplazamiento de sus integrantes hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. La CNEB es una disidencia de la Segunda Marquetalia, compuesta por agrupaciones como los Comandos de Frontera, y su jefe negociador es José Vicente Lesmes, alias "Wálter Mendoza".
La suspensión de operaciones militares y policiales estará vigente entre el 14 y el 19 de junio de 2026, abarcando únicamente corredores y puntos previamente definidos para el desplazamiento. El objetivo es permitir la movilización de aproximadamente 100 combatientes de los Comandos de Frontera hacia la ZUT, donde se desarrollarán actividades de capacitación y eventual reincorporación. Se ha establecido un Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por el Gobierno, la CNEB y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, para supervisar el funcionamiento de la zona.
La decisión ha generado controversia, especialmente por ocurrir a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sectores críticos, como la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) y José Félix Lafaurie, han expresado preocupación y cuestionado los alcances y el momento de la medida, mientras que el Gobierno defiende la estrategia como parte de la política de "Paz Total" para combatir el narcotráfico mediante la sustitución de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de economías legales.
Análisis Político
Se observa una estrategia gubernamental de "Paz Total" que busca avances concretos en los diálogos con grupos armados, materializada en la creación de Zonas de Ubicación Temporal. La suspensión de operaciones militares, aunque justificada como un facilitador logístico para el desplazamiento, se presenta en un momento políticamente sensible, a pocos días de la segunda vuelta electoral. Esto genera narrativas contrapuestas: para el gobierno, es una muestra de progreso en la búsqueda de la paz; para la oposición, es una maniobra que podría influir en el resultado electoral o ser vista como una concesión a grupos al margen de la ley.
El principal beneficiado de esta medida, desde una perspectiva de avance en los diálogos, es el Gobierno y el grupo armado involucrado, al concretar un paso hacia la desmovilización. Quienes pierden son aquellos sectores que ven con escepticismo la "Paz Total" y que critican la oportunidad de la medida, asociándola a intereses electorales. Las narrativas se construyen en torno a la efectividad y legitimidad de la política de paz: el gobierno la presenta como una vía para la pacificación y el fin del narcotráfico, mientras que los críticos la cuestionan por su timing y sus potenciales implicaciones en la seguridad y el orden público, llegando a plantear hipótesis sobre campañas electorales encubiertas.
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