El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la liquidación del Ministerio de la Igualdad, entidad creada durante la administración de Gustavo Petro, tras una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible su ley de creación. Como parte del proceso, el Ejecutivo ha suprimido los cinco viceministerios y más de 40 cargos directivos, además de iniciar el desmonte de cinco pisos arrendados que, según la actual administración, permanecían sin uso. Estas medidas buscan generar ahorros anuales superiores a los 13.500 millones de pesos en gastos administrativos y de alquileres. El vocero del Gobierno, Miller Soto, presentó un balance de los primeros diez días de liquidación, destacando la revocatoria de más de 60 contratos suscritos a última hora por un valor cercano a los 469.000 millones de pesos. La administración denunció presuntas irregularidades, incluyendo la concentración de recursos en una sola empresa que ejecutó una mínima parte de lo pactado y la falta de entrega de llaves de bodegas con mercancía de la DIAN valorada en 16.800 millones de pesos. Por estos hechos, el Gobierno ha radicado 13 denuncias ante autoridades penales, disciplinarias y fiscales. El liquidador designado, John Milton Rodríguez, ha prohibido la suscripción de nuevos contratos que no sean estrictamente necesarios para el cierre administrativo de la entidad. La administración sostiene que la cartera presentaba una baja ejecución presupuestal y una estructura ineficiente, por lo que el proceso de liquidación se presenta como una medida de austeridad y transparencia. Mientras tanto, el Gobierno asegura que los recursos ahorrados serán redirigidos a otras prioridades nacionales, como la atención de zonas afectadas por desastres naturales.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella se centra en la narrativa de la 'austeridad y el orden' frente a la gestión de la administración anterior, utilizando el proceso de liquidación como un vehículo para auditar y denunciar presuntas prácticas de corrupción. Al enfocar el discurso en el ahorro de recursos públicos y la revocatoria de contratos de 'última hora', el Ejecutivo busca legitimar su gestión inicial mediante la confrontación directa con el legado institucional del gobierno de Gustavo Petro. En este escenario, el Gobierno gana capital político al presentarse como un administrador eficiente que depura el Estado, mientras que el sector político afín al expresidente Petro pierde influencia y credibilidad ante la opinión pública debido a las denuncias de irregularidades. La construcción de narrativas es divergente: mientras el actual Ejecutivo posiciona el cierre como una corrección necesaria de un 'derroche' administrativo, los sectores opositores enfrentan el desgaste de defender una estructura que ha sido señalada por organismos de control y por la propia Corte Constitucional como inviable.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, proceso que incluye la supresión de cinco viceministerios y más de 40 cargos directivos. Esta reestructuración administrativa busca un ahorro anual estimado en 13.500 millones de pesos, además del desmonte de cinco pisos arrendados que permanecían sin uso. La medida responde a la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley de creación de dicha cartera al finalizar la legislatura 2025-2026. El vocero del Gobierno, Miller Soto, informó que durante los primeros diez días de liquidación se han revocado más de 60 contratos suscritos al cierre de la administración anterior, los cuales sumaban cerca de 469.000 millones de pesos. El Ejecutivo denunció presuntas irregularidades, señalando que una sola empresa concentraba 171.000 millones de pesos pese a tener una ejecución mínima. Ante estos hallazgos, se radicaron 13 denuncias ante autoridades penales, disciplinarias y fiscales. El liquidador John Milton Rodríguez estableció un nuevo régimen de contratación que prohíbe el desarrollo de funciones misionales y limita los gastos exclusivamente a las tareas necesarias para el cierre de la entidad. Adicionalmente, el Gobierno reportó que el último ministro de la cartera no ha entregado las llaves de bodegas con mercancías de la DIAN valoradas en 16.800 millones de pesos. Estas acciones forman parte de una estrategia de depuración administrativa que busca recuperar recursos públicos y garantizar una liquidación ordenada.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella se centra en la narrativa de la austeridad y la lucha contra la corrupción para deslegitimar la gestión del gobierno anterior. Al presentar hallazgos sobre contratos de última hora y falta de ejecución, el Ejecutivo no solo justifica la liquidación ordenada por la Corte, sino que construye un relato de 'derroche' que le permite capitalizar políticamente el desmonte de una entidad bandera de la administración previa. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al mostrarse como un administrador eficiente que recupera recursos públicos, mientras que el sector político del expresidente Petro pierde capacidad de defensa al quedar expuesto a investigaciones judiciales. La construcción de narrativas opuestas es evidente: mientras el Gobierno enfatiza la 'contratitis' y la ineficiencia, los sectores afines al anterior mandato enfrentan el desgaste de las denuncias sobre el manejo de los activos y la contratación final de la entidad.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella inició la fase definitiva de liquidación del Ministerio de la Igualdad mediante la supresión de sus cinco viceministerios. El exsenador John Milton Rodríguez, designado como liquidador, firmó las resoluciones que eliminan las dependencias de Juventud, Mujer, Pueblos Étnicos y Campesinos, Poblaciones y Territorios Excluidos, y Diversidades. Esta medida responde a la orden de la Corte Constitucional de liquidar la entidad tras declarar inexequible la ley que permitió su creación durante el mandato anterior. La administración estableció un nuevo régimen de contratación que prohíbe estrictamente el desarrollo de actividades misionales o la firma de convenios que no sean indispensables para el cierre de la entidad. El liquidador enfatizó que la entidad no podrá tercerizar funciones ni iniciar nuevos proyectos de inversión, limitando su capacidad operativa a tareas de archivo, defensa judicial, saneamiento de activos y soporte administrativo. Cualquier contrato suscrito deberá justificar su necesidad directa para el proceso de liquidación bajo la supervisión de un nuevo Comité de Liquidación y Contratación. John Milton Rodríguez calificó la estructura previa como ineficiente, señalando que el Ministerio contaba con 42 dependencias y 700 funcionarios, presentando una de las ejecuciones presupuestales más bajas en la historia pública del país. Los funcionarios salientes tienen un plazo de 15 días para realizar la entrega formal de expedientes, bienes y claves de acceso. Con estas acciones, el Ejecutivo busca desmantelar la cartera de manera trazable y definitiva, cumpliendo con el mandato judicial que exigía una nueva regulación no concretada por el Congreso.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De La Espriella se centra en la desarticulación administrativa como herramienta de control político, utilizando la liquidación para desmantelar el legado institucional de la administración anterior. Al calificar la entidad como ineficiente y de baja ejecución, el Ejecutivo construye una narrativa de austeridad y rigor técnico que justifica la eliminación de carteras enfocadas en poblaciones vulnerables, presentándolas como estructuras burocráticas innecesarias. El gran ganador es el actual Gobierno, que logra materializar una promesa de campaña y cerrar un foco de crítica política, mientras que los sectores sociales y poblaciones que dependían de los programas del Ministerio son los principales afectados. La narrativa se polariza entre la visión de un Estado que busca eficiencia mediante el recorte de gastos y la visión de una oposición que ve en este desmonte un retroceso en la atención a las diversidades y grupos históricamente excluidos.