El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, calificó como un traspié la declaración pública de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes solicitaron reconsiderar la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. El Ejecutivo defendió la incorporación a esta instancia de cooperación internacional, argumentando que se trata de una decisión tomada por convicción para fortalecer el combate contra el crimen organizado transnacional mediante el intercambio de inteligencia y tecnología. Alvarado enfatizó que el acuerdo no constituye un tratado, no implica subordinación a potencias extranjeras ni supone una cesión de soberanía nacional. La respuesta del Gobierno incluyó críticas directas a la forma en que los exmandatarios manifestaron sus reparos, señalando que asuntos de alta sensibilidad deben tratarse en privado y no a través de redes sociales o medios de comunicación. El biministro sostuvo que la conducción de la política exterior es una facultad constitucional exclusiva del Presidente de la República y cuestionó que se utilice esta materia para fines de política interna. Autoridades y partidos oficialistas respaldaron esta postura, calificando la intervención de los exjefes de Estado como desafortunada y carente de información técnica sobre los alcances del pacto. Las consecuencias inmediatas de este episodio han generado una tensión en la relación entre el actual mandatario, José Antonio Kast, y sus antecesores. Mientras el Gobierno ha manifestado su disposición al diálogo, ha condicionado cualquier acercamiento a que sean los propios expresidentes quienes tomen la iniciativa de solicitar una audiencia formal. Por su parte, figuras políticas han advertido que la falta de unidad en la política exterior debilita la posición del país frente a desafíos globales, instando a retomar las tradiciones republicanas de discreción en las relaciones internacionales.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en deslegitimar la crítica opositora mediante la apelación a la responsabilidad institucional y la defensa de la soberanía, buscando encuadrar la postura de los expresidentes como un acto de oportunismo político interno. Al calificar el hecho como un traspié, el Ejecutivo intenta desplazar el debate desde el contenido del acuerdo hacia la forma, estableciendo una narrativa donde el Gobierno actúa con pragmatismo frente a la seguridad, mientras que la oposición actúa desde el desconocimiento y la mezquindad. En este escenario, el Gobierno gana al reafirmar su autoridad en la conducción de la política exterior y consolidar el apoyo de sus partidos, mientras que los expresidentes pierden al ser cuestionados por su falta de prudencia republicana. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo presenta el Escudo de las Américas como una herramienta técnica de seguridad necesaria, mientras que Bachelet y Boric intentan instalar una narrativa de riesgo a la autonomía nacional, la cual es rápidamente neutralizada por el Ejecutivo al enfatizar que no existen obligaciones jurídicas vinculantes.