Gobierno radica proyecto de ley para reemplazar la Paz Total por sometimiento judicial
Resumen
El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca establecer un marco jurídico para el sometimiento de organizaciones criminales, marcando el fin de la política de Paz Total. El ministro de Justicia, Iván Cancino, enfatizó que esta iniciativa no constituye una negociación política, sino un proceso estrictamente legal donde los grupos armados deberán someterse a la justicia ordinaria. La propuesta contempla rebajas de penas de hasta el 50% para integrantes rasos y del 30% para cabecillas, siempre que realicen aportes verificables de verdad, entrega de bienes y reparación a las víctimas.
El articulado elimina figuras previas como los gestores de paz, la suspensión automática de penas y los beneficios excesivos que, según el Ejecutivo, permitieron el crecimiento de grupos armados en los últimos años. El senador Hernán Cadavid, coordinador ponente en la Cámara, confirmó que el debate legislativo iniciará esta semana con el objetivo de endurecer las condiciones para los delincuentes. El proyecto aclara que no se suspenderán órdenes de extradición ni se otorgarán lugares de reclusión especiales, manteniendo la competencia en la justicia ordinaria sin crear tribunales especiales.
La iniciativa también incluye disposiciones para colaboradores en delitos económicos como lavado de activos y testaferrato, condicionando cualquier beneficio a la entrega de bienes ilícitos. El Gobierno sostiene que el aumento del 90% en el número de integrantes de grupos armados desde 2022 justifica la urgencia de este nuevo modelo. El trámite en las Comisiones Primeras conjuntas será el primer escenario de confrontación política para definir el alcance final de las medidas y las garantías de seguridad.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en una ruptura narrativa radical con la administración anterior, utilizando el concepto de 'justicia ordinaria' para deslegitimar cualquier estatus político de los grupos armados. Al exigir que los interlocutores de las bandas sean abogados y no gestores de paz, el Ejecutivo busca trasladar el conflicto del terreno de la negociación política al ámbito del derecho penal, reduciendo el costo político de los acercamientos y blindándose ante críticas sobre impunidad.
El gran ganador de este evento es el sector político que promovió la crítica a la Paz Total, al lograr institucionalizar un modelo de mano dura que prioriza la seguridad sobre el diálogo. Por el contrario, los grupos armados pierden su capacidad de interlocución política y se enfrentan a un marco de sometimiento más rígido. La narrativa se construye mediante la contraposición entre el 'fracaso' del modelo anterior y la 'eficiencia' de la ley, utilizando cifras de crecimiento criminal para justificar la necesidad de un cambio de rumbo legislativo.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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