Gobierno protege a denunciante que vincula a Gustavo Petro con red de contratos sexuales
Resumen
Deicy Jiménez, una mujer de 26 años, denunció públicamente haber recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. Según su testimonio, existiría una red de entre 30 y 40 mujeres instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios para satisfacer al entonces mandatario. La denunciante aportó capturas de pantalla y registros de contratos que, según datos oficiales, suman más de 100 millones de pesos en entidades como el Congreso y los ministerios del Interior y Defensa.
El Gobierno Nacional, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, ordenó la activación inmediata de una ruta de protección para Jiménez a través de la Unidad Nacional de Protección. El ministro de Justicia y del Interior encargado, Iván Cancino, enfatizó que el Estado debe garantizar la seguridad de quienes denuncian presuntos abusos de poder. Esta medida busca salvaguardar la integridad de la testigo ante posibles retaliaciones mientras se inician las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades competentes.
Las acusaciones coinciden con denuncias previas realizadas por el director del DAPRE, Carlos Ríos, quien señaló ante el Senado la existencia de una red de 48 mujeres vinculadas irregularmente a la Casa de Nariño. Políticos de oposición han calificado los hechos como un caso grave de corrupción y abuso de poder, exigiendo una investigación profunda. Hasta el momento, el expresidente Petro no ha emitido una respuesta oficial frente a los señalamientos de la joven ni sobre las pruebas documentales presentadas.
Análisis Político
El evento revela una estrategia de confrontación institucional donde el actual Gobierno utiliza la protección a la denunciante como un mecanismo para validar y dar visibilidad a las acusaciones contra la administración anterior. Al activar la ruta de protección, el Ejecutivo no solo garantiza la seguridad de la testigo, sino que legitima el relato de una red de corrupción y abuso de poder, convirtiendo el testimonio en un insumo político clave para desgastar la imagen del petrismo y sus aliados.
En este escenario, el Gobierno y la oposición ganan terreno al posicionar una narrativa de indignación moral que cuestiona la ética del expresidente, mientras que el petrismo pierde capacidad de maniobra al verse acorralado por denuncias que mezclan lo personal con el uso indebido de recursos públicos. La construcción de la narrativa se divide entre quienes exigen justicia por el presunto uso de contratos como moneda de cambio y quienes observan en estas denuncias una instrumentalización política para deslegitimar el legado del gobierno de izquierda.
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