El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley al Congreso para aplazar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, originalmente programada para finales de 2026. La iniciativa busca otorgar un plazo adicional para que tanto organismos públicos como empresas adapten sus sistemas a las nuevas exigencias. Esta medida responde a la imposibilidad de constituir la Agencia de Protección de Datos Personales, cuya puesta en marcha se ha visto frustrada por la falta de acuerdo con el Senado para designar a sus consejeros. La propuesta legislativa incluye modificaciones estructurales a la futura Agencia, planteando aumentar de tres a cinco el número de integrantes de su consejo directivo. Asimismo, el proyecto establece que durante el primer año de vigencia, el organismo podrá aplicar amonestaciones por escrito antes de recurrir a las multas económicas, las cuales pueden alcanzar hasta 20 mil UTM. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, justificó la postergación como una necesidad para garantizar una implementación correcta y con la institucionalidad debidamente preparada. La decisión ha generado reacciones diversas en el ámbito político y profesional. Mientras algunos sectores valoran la oportunidad de mejorar la preparación técnica, otros parlamentarios han calificado el retraso como una negligencia inaceptable en la aplicación de una normativa aprobada en 2024. Por su parte, expertos en protección de datos advierten que la postergación perjudica a las empresas que ya realizaron inversiones para cumplir con los plazos originales y afecta los compromisos asumidos por el país.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja una gestión de crisis ante la incapacidad de alcanzar consensos políticos para nombrar autoridades en organismos técnicos. Al proponer cambios estructurales en la Agencia, como el aumento de consejeros y la flexibilización de sanciones iniciales, el Ejecutivo intenta destrabar la negociación con el Senado, utilizando la postergación como una válvula de escape para corregir errores de diseño institucional y de comunicación previos. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al reconocer una falla en la implementación de una ley emblemática, mientras que las empresas que invirtieron en cumplimiento se ven perjudicadas por la incertidumbre regulatoria. La narrativa del Ejecutivo se centra en la 'responsabilidad' y la 'calidad' de la implementación, mientras que la oposición utiliza el evento para cuestionar la capacidad de gestión del Gobierno, construyendo un relato de negligencia administrativa que debilita la confianza en la institucionalidad pública.