Gobierno propone eliminar concursos de mérito para elegir directores regionales de entidades públicas
Resumen
El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó un borrador de decreto que busca eliminar la obligatoriedad de realizar concursos de mérito para la selección de directores regionales en entidades como el Sena, el ICBF y el Invías. Actualmente, este proceso exige convocatorias abiertas, pruebas de conocimiento y valoración de antecedentes para conformar las ternas que se presentan a los gobernadores. La propuesta permitiría que el representante legal de cada entidad elija directamente a los integrantes de dichas ternas, basándose en criterios de idoneidad y experiencia definidos por la institución.
El Gobierno argumenta que el concurso público es una "autoimposición reglamentaria" que genera rigidez innecesaria en cargos de libre nombramiento y remoción. Según la entidad, este mecanismo actual provoca demoras administrativas, costos elevados y posibles reclamaciones judiciales que afectan la agilidad en la gestión territorial. La normativa propuesta sostiene que, al tratarse de puestos que requieren una relación de confianza con la dirección central, el representante legal debe tener mayor autonomía en la selección de sus colaboradores regionales.
El proyecto, que se encuentra en fase de comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026, mantiene los requisitos de formación y experiencia establecidos en los manuales de funciones. Los gobernadores conservarían la facultad de elegir al director regional de la terna enviada, pero si no se toma una decisión en los plazos estipulados, el representante legal de la entidad nacional tendría la potestad de realizar la designación directamente. Esta medida, de ser aprobada, aplicaría a todos los establecimientos públicos que cuentan con direcciones o gerencias desconcentradas en el país.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en la centralización del poder administrativo bajo el argumento de la eficiencia y la confianza política. Al eliminar los filtros de mérito, el Ejecutivo busca reducir la influencia de procesos técnicos externos y fortalecer su capacidad de control sobre la ejecución de programas y recursos en las regiones, priorizando la lealtad institucional sobre la meritocracia abierta.
Con esta medida, el Gobierno gana mayor margen de maniobra para designar perfiles afines a su administración, mientras que los ciudadanos y los aspirantes a cargos públicos pierden garantías de transparencia y competencia abierta. La narrativa oficial construye una dicotomía entre la "rigidez burocrática" de los concursos y la "agilidad administrativa" necesaria para gobernar, desplazando el debate sobre la idoneidad técnica hacia una lógica de confianza política directa.
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