El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que busca derogar el Decreto 369 de 2026, el cual establecía un tope del 30% para las inversiones de los Fondos de Pensiones Obligatorias en activos extranjeros. La iniciativa pretende eliminar la obligación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de ajustar sus portafolios a este límite, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos de los afiliados. Según la cartera económica, la medida original afectaba la relación entre riesgo y rentabilidad, además de restringir la diversificación necesaria para la sostenibilidad del sistema. La propuesta ha sido recibida con beneplácito por Asofondos, gremio que representa a las administradoras privadas. Su presidente, Andrés Velasco, argumentó que la restricción anterior limitaba la capacidad de los fondos para proteger el ahorro de los trabajadores, al impedir una distribución eficiente de los activos en diversos mercados internacionales. El gremio sostiene que un portafolio diversificado es fundamental para garantizar mejores rendimientos y una gestión de riesgos más efectiva frente a las condiciones actuales del mercado. El documento técnico que sustenta la propuesta señala que el límite perdió su fundamento ante los cambios en el escenario jurídico y financiero del país. Además, se reportó que ninguna administradora había presentado el plan de ajuste exigido por la norma vigente hasta la fecha. El proyecto se encuentra actualmente en fase de consulta pública para recibir observaciones de expertos, gremios y ciudadanos antes de que el Ejecutivo tome una decisión definitiva sobre su implementación.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una rectificación técnica de la política económica, priorizando la eficiencia financiera y la rentabilidad de los ahorros pensionales sobre la intención inicial de forzar la inversión de capitales en el mercado nacional. Al abrir el debate a comentarios públicos, el Ejecutivo busca legitimar la derogación del decreto anterior, distanciándose de las medidas restrictivas impuestas durante la administración previa y alineándose con las recomendaciones de los gremios financieros para estabilizar el sistema de pensiones. En este evento, las AFP y sus afiliados salen ganando al recuperar autonomía para diversificar sus portafolios y mitigar riesgos mediante inversiones globales, mientras que la narrativa del Gobierno anterior, que buscaba retener el ahorro pensional dentro del país para dinamizar la economía local, pierde fuerza política. Se observa una construcción de narrativas contrapuestas: mientras el Gobierno actual y Asofondos enfatizan la 'protección del ahorro' y la 'rentabilidad' como pilares técnicos, la norma que se pretende derogar se presentaba bajo la premisa de soberanía económica y fortalecimiento del mercado interno.