El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040036655, la cual deroga la Circular 867 de 2025 y establece nuevas condiciones para el uso de vehículos equipados con cámaras. La normativa prohíbe que estos dispositivos impongan comparendos de manera automática sin la presencia física de un agente de tránsito. El funcionario deberá estar visible, identificado, operar el equipo y expedir la sanción en el lugar de la infracción para que esta sea válida. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que esta medida responde a una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella para frenar abusos orientados al recaudo económico. Según el Gobierno, el uso de vehículos ocultos para captar infracciones no cumple con el propósito preventivo de reducir la velocidad o evitar riesgos viales. La resolución busca diferenciar claramente entre el apoyo tecnológico a la autoridad y los sistemas automáticos de fotodetección. Las cámaras que operen de forma autónoma deberán contar con autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cumplir con protocolos de señalización y justificación técnica. El Ministerio instruyó al SIMIT para que no registre comparendos que incumplan estas condiciones, mientras que la Superintendencia de Transporte vigilará el acatamiento de la norma. Esta decisión no afecta la operación de las cámaras de fotodetección que ya funcionan bajo el marco legal vigente.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la recuperación de la legitimidad institucional frente a la percepción ciudadana de que el control vial se había convertido en un mecanismo de recaudo masivo. Al derogar una circular de la administración anterior y centralizar la vigilancia a través de la ANSV y la Superintendencia, el Ejecutivo busca capitalizar el descontento popular contra las fotomultas, presentándose como un garante de los derechos de los conductores y del debido proceso. El gran ganador es el ciudadano, quien obtiene mayor transparencia y seguridad jurídica ante las sanciones, mientras que las autoridades locales y operadores privados de fotodetección pierden autonomía y capacidad de recaudo automático. La narrativa oficial construye una dicotomía entre la 'seguridad vial preventiva' y el 'negocio de las multas', permitiendo al Gobierno posicionarse como un actor que pone orden y ética en la gestión del tránsito, diferenciándose de las prácticas de la gestión previa.