El presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación de un protocolo nacional para permitir el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas ante hechos de violencia, vandalismo o terrorismo. El mandatario argumentó que la autonomía universitaria no puede ser utilizada como una patente de impunidad ni como un territorio ajeno a la Constitución y la ley. La medida busca distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta pacífica y las acciones delictivas que, según el Gobierno, ocurren dentro de los campus. El Ministerio de Justicia respaldó la iniciativa, señalando que el Estado tiene el deber de actuar para proteger la seguridad y el orden público cuando existan razones jurídicas suficientes. Figuras políticas como la exsenadora María Fernanda Cabal apoyaron la decisión, calificando a los campus como espacios que han sido colonizados por grupos violentos. Por su parte, expertos en seguridad sugirieron que la intervención debe basarse en labores de inteligencia y protocolos claros para evitar excesos. La oposición y organizaciones de derechos humanos rechazaron el anuncio, advirtiendo sobre riesgos de estigmatización y criminalización de la protesta estudiantil. Voceros como Iván Cepeda e Isabel Zuleta defendieron la autonomía universitaria como un principio fundamental de libertad y pensamiento crítico. Estos sectores recordaron antecedentes históricos de abusos estatales en entornos académicos y señalaron que la medida podría vulnerar garantías constitucionales.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la recuperación del control territorial y la imposición de una narrativa de orden frente a lo que denomina 'santuarios de la violencia'. Al diferenciar entre protesta y terrorismo, el Ejecutivo busca capitalizar el descontento de sectores ciudadanos frente al vandalismo, mientras intenta deslegitimar a sus opositores vinculándolos con la desestabilización. Esta táctica busca consolidar una base electoral que prioriza la seguridad sobre las libertades civiles tradicionales. En este escenario, el Gobierno gana terreno en su agenda de mano dura, pero pierde legitimidad ante la comunidad académica y los movimientos sociales, quienes ven en la medida una amenaza a la independencia universitaria. La oposición construye una narrativa de defensa de la democracia y los derechos humanos, posicionándose como un contrapeso frente a lo que califican como una deriva autoritaria. El conflicto profundiza la polarización, convirtiendo a las universidades en el nuevo epicentro de la disputa por el modelo de Estado.