Gobierno Petro radica nueva reforma tributaria con alzas en combustibles y otros impuestos
Resumen
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria que busca recaudar 21,9 billones de pesos en 2027. La iniciativa propone un incremento gradual del IVA a la gasolina y al diésel, pasando del 5% actual hasta alcanzar la tarifa general del 19% en 2028. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó la medida como una necesidad para fortalecer las finanzas públicas y garantizar el equilibrio fiscal del país.
La Unión Gremial Somos Uno advirtió que este aumento acumulado impactaría significativamente los costos de transporte, alimentos y la operación de estaciones de servicio. Según sus cálculos, el precio de la gasolina corriente subiría cerca de 1.942 pesos por galón y el ACPM 1.331 pesos al finalizar 2028. El gremio cuestionó la justificación ambiental del proyecto, señalando que el recaudo por IVA a combustibles supera ampliamente el componente ecológico de la propuesta.
El proyecto también contempla gravar con el 19% de IVA a vehículos híbridos, conciertos, juegos de azar en línea y eliminar beneficios tributarios en sectores como el turismo y las megainversiones. Mientras el Gobierno defiende la progresividad de la reforma enfocada en altos patrimonios y rentas, sectores de la oposición han criticado el impacto directo sobre la clase media y el consumo. La discusión legislativa se desarrolla en la recta final del mandato actual, a pocos días de la transición presidencial.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno saliente se centra en dejar una hoja de ruta fiscal para la próxima administración, utilizando un discurso de responsabilidad macroeconómica y justicia tributaria. Al presentar un paquete de proyectos que incluye el Estatuto del Trabajo y la reforma tributaria, el Ejecutivo busca consolidar su legado legislativo y forzar un debate sobre la redistribución de la carga impositiva, trasladando la presión política al nuevo Congreso y al presidente electo.
En este escenario, el Gobierno gana al posicionar su agenda de transición energética y equidad, pero pierde capital político ante la resistencia de gremios y sectores económicos que ven en estas medidas un riesgo para la estabilidad operativa y el costo de vida. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de que los sectores más favorecidos deben aportar más, mientras que la oposición construye una narrativa de 'cobro de cuentas' y encarecimiento de la vida cotidiana, polarizando la percepción pública sobre la gestión saliente.
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