Gobierno nacional ordena revisar legalidad y funcionamiento de fotomultas en todo el país
Resumen
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Ministerio de Transporte realizar una auditoría integral a los sistemas de fotodetección en Colombia. Esta instrucción busca verificar que los dispositivos cumplan con criterios técnicos de seguridad vial y no operen exclusivamente como mecanismos de recaudo económico. La medida se originó tras la suspensión de tres nuevas cámaras en la Vía al Mar, corredor que conecta a Barranquilla con Cartagena, debido a un exceso de dispositivos y conflictos de competencia.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que la revisión abarcará el funcionamiento, la legalidad y la justificación técnica de las cámaras instaladas en el territorio nacional. El Gobierno evaluará factores como la siniestralidad, la señalización y los límites de velocidad en cada corredor vial. Las autoridades advirtieron que actuarán con contundencia ante cualquier irregularidad, abuso o incumplimiento detectado durante el proceso de auditoría.
Paralelamente, el senador Antonio Correa Jiménez radicó por tercera vez el Proyecto de Ley 032 de 2026 en el Congreso. Esta iniciativa propone regular la operación de los sistemas tecnológicos de tránsito para garantizar el debido proceso y la responsabilidad subjetiva del conductor. El proyecto busca que la instalación de cámaras sea sustentada en estudios técnicos y que los recursos recaudados tengan una rendición de cuentas pública y transparente.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en capitalizar el descontento ciudadano frente a las fotomultas, posicionando al Ejecutivo como un defensor del bolsillo de los colombianos frente a lo que denominan abusos o trampas. Al ordenar una revisión nacional, el presidente De la Espriella busca centralizar el control sobre una política que históricamente ha generado fricciones entre los entes territoriales y los usuarios, proyectando una imagen de autoridad que prioriza la seguridad vial sobre el recaudo.
El gran ganador político es el Gobierno, que logra sintonizar con la opinión pública al cuestionar la legitimidad de estos sistemas, mientras que los entes territoriales y operadores privados de cámaras se posicionan como los perdedores, al enfrentar una auditoría que podría derivar en el desmonte de dispositivos y la reducción de ingresos. La narrativa se construye mediante una dicotomía clara: el Estado protector que busca salvar vidas frente a un sistema de fotomultas que, según el discurso oficial, se ha desvirtuado hacia fines puramente comerciales.
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