Gobierno modifica ocho decretos laborales expedidos durante la administración de Gustavo Petro
Resumen
El Ministerio del Trabajo publicó ocho proyectos de decreto destinados a ajustar o derogar normativas laborales implementadas durante el gobierno anterior. La ministra Natalia López argumentó que estas medidas buscan corregir excesos en las facultades del Ejecutivo, eliminar sanciones sin respaldo legal y evitar que las normas sean anuladas por el Consejo de Estado. Entre los cambios propuestos se encuentran ajustes en la tercerización, los pactos colectivos, el acoso laboral y la seguridad social de repartidores de plataformas digitales.
Una de las modificaciones más relevantes afecta las inspecciones laborales en viviendas particulares, estableciendo que los funcionarios no podrán ingresar sin autorización expresa o mandato legal. En caso de detectar riesgos graves para la integridad de una trabajadora doméstica, los inspectores deberán informar a la Policía o la Fiscalía en lugar de intervenir directamente. Esta medida pretende delimitar las actuaciones administrativas y proteger la inviolabilidad del domicilio, según lo expuesto por la cartera ministerial.
El proceso de revisión incluyó mesas de trabajo con centrales obreras y gremios empresariales, quienes han manifestado posturas divergentes sobre el impacto de estos ajustes. Mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es otorgar seguridad jurídica a los derechos laborales, las organizaciones sindicales han expresado su rechazo al considerar que las modificaciones representan un retroceso en las conquistas sociales. Los borradores permanecerán abiertos a comentarios ciudadanos hasta el 9 de noviembre de 2026.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella se centra en la depuración normativa para blindar la regulación laboral frente a posibles fallos judiciales, utilizando un discurso de 'seguridad jurídica' para desmarcarse de la gestión de Gustavo Petro. Al trasladar funciones de inspección a autoridades judiciales y ajustar las sanciones a los límites legales, el Ejecutivo busca reducir la litigiosidad y mejorar la relación con los gremios empresariales, quienes ven en estos cambios una corrección necesaria a lo que consideran extralimitaciones previas.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad técnica ante los tribunales, pero pierde capital político con las centrales obreras, que interpretan la medida como un desmonte de derechos adquiridos. La narrativa oficial se construye sobre la idea de 'ordenar la casa' para garantizar la sostenibilidad de los derechos, mientras que la oposición sindical construye una narrativa de resistencia, posicionando al Ministerio como un actor que debilita la protección social en favor de una visión más restrictiva de la intervención estatal.
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