Gobierno mantiene corredores viales en Biobío tras cambiar modelo de financiamiento
Resumen
El Gobierno revirtió la decisión de paralizar los proyectos de corredores de transporte público en las rutas 150 y 160 del Gran Concepción, tras una intensa presión de autoridades regionales. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, confirmó que las obras se ejecutarán bajo el diseño original, pero con un cambio en el modelo de financiamiento. La iniciativa, que originalmente dependía de la Dirección General de Concesiones, será traspasada a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
La medida surge luego de que el Ministerio de Hacienda ordenara inicialmente detener las licitaciones debido a una estrechez fiscal que afectaba una inversión de 400 millones de dólares. El biministro De Grange aseguró que este ajuste administrativo es factible porque los decretos de adjudicación no habían sido tomados de razón por la Contraloría. El Ejecutivo sostiene que esta fórmula permitirá mantener los plazos de ejecución, con estudios de ingeniería proyectados para 2027 y 2028, y una entrega final hacia fines de 2031.
Las autoridades locales y dirigentes vecinales mantienen dudas sobre la eficacia del nuevo modelo, advirtiendo posibles retrasos y mayores costos en comparación con el sistema de concesiones. Alcaldes de la zona han criticado la falta de certezas técnicas y la gestión centralista que generó incertidumbre en la comunidad. Mientras el Gobierno insiste en que se cumplirán los estándares y se generarán cerca de 7.000 empleos en el peak de la construcción, los representantes regionales exigen reportes mensuales para asegurar el avance real de las obras.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno refleja un intento de contención de daños ante una crisis de gobernabilidad regional, utilizando el cambio de modelo de financiamiento como una salida técnica para evitar el costo político de una cancelación definitiva. Al trasladar la ejecución a la Dirección de Vialidad, el Ejecutivo busca apaciguar el descontento local sin comprometer la disciplina fiscal exigida por Hacienda, aunque esta maniobra traslada la responsabilidad de la eficiencia operativa directamente a la cartera de Obras Públicas.
En este escenario, el Gobierno central logra evitar una ruptura total con las autoridades del Biobío, pero pierde credibilidad ante los actores locales, quienes perciben la decisión como una improvisación centralista. Los alcaldes y el gobernador regional se posicionan como los ganadores tácticos al lograr la continuidad de las obras, pero asumen el riesgo de que el nuevo modelo resulte ineficiente. La narrativa se construye bajo una tensión constante entre la responsabilidad fiscal del nivel central y la urgencia de equidad territorial demandada por las regiones.
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