El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0626 de 2026, oficializando la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Esta decisión se produce tras el fracaso del proyecto de ley para salvar la entidad en el Congreso y la declaratoria de inexequibilidad de la ley original por parte de la Corte Constitucional debido a vicios de trámite. La cartera, que buscaba centralizar políticas sociales, ahora se denominará "Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación" y tendrá un año para completar su cierre. Las funciones del ministerio serán redistribuidas: las relacionadas con mujeres, comunidades étnicas y población LGBTIQ+ pasarán al Ministerio del Interior, mientras que las de discapacidad y habitantes de calle irán al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Estas entidades deberán asumir estas responsabilidades sin recursos adicionales, utilizando sus presupuestos actuales. La liquidación implica la supresión de cargos y la designación de un liquidador por parte del presidente, quien coordinará el traspaso de bienes y obligaciones. La medida ha generado protestas entre cientos de trabajadores del ministerio, quienes denuncian incertidumbre laboral y falta de claridad sobre su futuro. Se les ha impedido el ingreso a sus puestos de trabajo y exigen garantías. La ausencia de un liquidador designado hasta el momento ha paralizado técnicamente el proceso, a pesar de que el decreto establece plazos para la elaboración de un programa de supresión de cargos y la presentación de informes.

Análisis político

La liquidación del Ministerio de Igualdad evidencia una estrategia gubernamental de reconfiguración institucional ante un revés jurídico y legislativo. La incapacidad de lograr los acuerdos necesarios en el Congreso para subsanar los vicios de trámite advertidos por la Corte Constitucional obligó al Ejecutivo a proceder con el cierre. Se observa una narrativa oficial que busca presentar la medida como una consecuencia inevitable de las decisiones judiciales y el proceso legislativo, mientras que desde la oposición se celebra como un ahorro fiscal y una corrección a lo que consideran un "derroche". Políticamente, el Gobierno pierde una de sus apuestas emblemáticas, lo que puede ser interpretado como una derrota, especialmente ante la celebración de sectores que demandaron la desaparición de la entidad. Los trabajadores, por su parte, son los principales perdedores inmediatos ante la incertidumbre laboral y la posible pérdida de empleos. La narrativa de "derroche e ineficiencia" promovida por algunos sectores contrasta con la defensa de la labor realizada por los funcionarios, quienes reclaman garantías y transparencia en el proceso de liquidación.