El Ministerio de Bienes Nacionales oficializó el plan Se Busca Dueño, una iniciativa que contempla la venta de 234 inmuebles fiscales a lo largo del país. La ministra Catalina Parot explicó que el objetivo es enajenar propiedades que se encuentran abandonadas, subutilizadas o sin una función pública clara. Con este proceso, el Ejecutivo proyecta recaudar cerca de 73,3 millones de dólares para las arcas fiscales. La oferta incluye una variedad de activos, tales como casas, departamentos, terrenos industriales y propiedades en zonas turísticas, muchos de los cuales provienen de herencias vacantes o licitaciones previas que quedaron desiertas. El proceso de venta se divide en 159 inmuebles destinados a licitación pública y 75 que ya cuentan con procesos de venta en curso. Las regiones de Atacama y la Metropolitana concentran la mayor cantidad de activos disponibles en esta primera etapa. La autoridad enfatizó que la inmovilización de estos terrenos actúa como un freno al desarrollo y encarece el mercado inmobiliario. El Gobierno habilitó un portal web para que personas, empresas e inversionistas puedan revisar las bases, los valores mínimos y las características de cada propiedad. Los interesados deben cumplir con requisitos de garantía y documentación para participar en las subastas, asumiendo la responsabilidad sobre el estado físico de los inmuebles tras la compra.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se enmarca en una política de eficiencia en la gestión de activos estatales, buscando transformar el patrimonio fiscal en una palanca para la inversión privada y la reactivación económica. Al priorizar la venta de terrenos inmovilizados, el Ejecutivo intenta reducir los costos de mantención y mitigar problemas de seguridad asociados a propiedades abandonadas, alineándose con una narrativa de administración técnica y pro-mercado. El Gobierno gana al proyectar una imagen de gestión activa y recaudación de recursos, mientras que los inversionistas y desarrolladores inmobiliarios se benefician al acceder a terrenos estratégicos. Por otro lado, la narrativa oficial contrapone la utilidad pública de la inversión privada frente al estancamiento que genera la burocracia estatal, construyendo un relato donde el Estado debe desprenderse de activos prescindibles para dinamizar el mercado y el empleo.