El Gobierno, a través de la Mesa Interministerial por el Empleo, anunció que los Gobiernos Regionales, agrupados en Agorechi, destinarán $210.000 millones para financiar la creación de 27 mil nuevos puestos de trabajo. Esta medida se suma a la estrategia denominada Modo Empleo, que busca alcanzar un total de 50 mil empleos a octubre de 2026. La iniciativa cuenta con la participación de diversos ministerios y el sector privado, representado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Las autoridades económicas y del trabajo han reconocido que el mercado laboral atraviesa un periodo complejo, agravado por la estacionalidad invernal y los efectos de recientes temporales. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, advirtió que las próximas cifras de desempleo podrían ser negativas, aunque destacó que la coordinación público-privada y los subsidios del Sence están dando resultados positivos, especialmente en la contratación femenina. Adicionalmente, el Ejecutivo presentó un plan de infraestructura pública que contempla inversiones por US$15.000 millones en cuatro años, proyectando la creación de 250 mil empleos a largo plazo. Este paquete incluye proyectos de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, como la construcción de líneas de Metro y mejoras ferroviarias. El objetivo es contrarrestar la crisis laboral mediante una combinación de medidas de corto plazo y proyectos de inversión estructural.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se basa en la articulación de un relato que separa la coyuntura inmediata de la proyección a largo plazo. Al anticipar cifras negativas de desempleo, el Gobierno busca controlar las expectativas públicas, atribuyendo el deterioro a factores estacionales y climáticos, mientras intenta capitalizar políticamente la gestión de soluciones mediante la Mesa Interministerial. La incorporación de los Gobiernos Regionales y la CPC permite al Gobierno diluir la responsabilidad de la crisis laboral, trasladando parte de la ejecución y el crédito de la reactivación a actores subnacionales y gremiales. En este escenario, el Gobierno gana al posicionarse como un facilitador de acuerdos y un gestor de inversiones, aunque corre el riesgo de que la percepción de crisis se mantenga si los resultados inmediatos no logran frenar el desempleo. Por su parte, el sector privado, representado por la CPC, gana influencia al incidir en la agenda pública con propuestas específicas, mientras que los Gobiernos Regionales adquieren un rol protagónico en la inversión pública, lo que les otorga mayor visibilidad política frente a sus electores en un contexto de descentralización.

El Gobierno de Chile presentó un plan de inversiones en infraestructura pública por US$15.000 millones, con el objetivo de generar más de 246 mil empleos durante el actual periodo administrativo. Los biministros Louis de Grange y Daniel Mas detallaron que los puestos de trabajo se concentrarán en proyectos de vialidad, obras hidráulicas, aeropuertos y la expansión de la red de Metro y ferrocarriles de EFE. Esta iniciativa busca actuar como un motor reactivador para la economía nacional y el mercado laboral regional.

Análisis político

La estrategia gubernamental combina la gestión de expectativas ante indicadores económicos adversos con el despliegue de una narrativa de reactivación a largo plazo. Al vincular el deterioro del empleo a factores estacionales y climáticos, el Ejecutivo intenta neutralizar el costo político de las próximas cifras del INE, mientras posiciona el plan de infraestructura como una solución estructural que trasciende la coyuntura invernal. La colaboración con la CPC busca alinear al sector privado en esta narrativa de 'Modo Empleo', compartiendo la responsabilidad de la recuperación económica. El Gobierno gana al proyectar una imagen de proactividad y planificación, pero corre el riesgo de que la brecha entre la urgencia del desempleo actual y la ejecución de las obras públicas genere frustración. Por su parte, el sector empresarial, representado por la CPC, aprovecha la instancia para presionar por medidas específicas, como subsidios hipotecarios y renegociaciones arancelarias, construyendo una narrativa de cooperación condicionada a la implementación de políticas que dinamicen sus sectores productivos.