Gobierno lanza plan de choque energético ante riesgo de racionamiento por El NiñoActualizado · hoy
Resumen
El sistema eléctrico colombiano enfrentó una situación crítica los días 28 y 29 de septiembre, cuando la demanda de energía superó la capacidad de generación disponible, obligando a XM a realizar maniobras de urgencia para evitar racionamientos. El operador del sistema advirtió que el país atraviesa un periodo de estrés debido a la baja en los aportes hídricos y la intensidad del fenómeno de El Niño, que se extenderá hasta el primer semestre de 2027. La vulnerabilidad del sistema se ve agravada por un déficit de energía firme y retrasos en proyectos de infraestructura de transmisión.
Ante este panorama, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan de choque con fecha límite al 31 de diciembre para blindar el respaldo térmico y proteger el servicio. El mandatario solicitó al Congreso, mediante mensaje de urgencia, un traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos para atender la emergencia. Esta medida busca garantizar la disponibilidad de combustibles y optimizar la administración de los embalses, evitando que la falta de previsión derive en apagones programados.
Diversos actores del sector energético, incluyendo gremios como Acolgen, han respaldado la necesidad de fortalecer la generación térmica y promover el ahorro de energía en hogares e industrias. Mientras el Gobierno atribuye la crisis a la falta de gestión de la administración anterior, expertos señalan que la combinación de una demanda creciente, la caída en la exploración de gas y la incertidumbre regulatoria han dejado al sistema con márgenes de maniobra extremadamente estrechos.
Análisis Político
La estrategia política del actual Gobierno se centra en la narrativa de la 'herencia recibida', utilizando la crisis energética para deslegitimar la gestión de la administración anterior y justificar la urgencia de sus propias medidas. Al presentar el plan de choque como una acción correctiva necesaria ante una supuesta irresponsabilidad previa, el Ejecutivo busca capitalizar políticamente la resolución de la emergencia, mientras traslada la responsabilidad de la financiación al Congreso mediante la solicitud de recursos adicionales.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrarse proactivo frente a una amenaza tangible para la ciudadanía, pero asume el riesgo de que cualquier falla en el suministro eléctrico recaiga directamente sobre su capacidad de ejecución. Por su parte, los gremios del sector energético se posicionan como aliados técnicos del Gobierno, aprovechando la coyuntura para presionar por soluciones estructurales, como la estabilidad regulatoria y la agilización de proyectos, que han sido demandas históricas del sector frente a la incertidumbre política.
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