El Ministerio de Defensa instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) electoral cinco días antes de la segunda vuelta presidencial, con el fin de mantener en alerta permanente a comandantes regionales, la cúpula militar y la Policía Nacional. Esta medida se toma ante los riesgos identificados en 99 municipios, 49 de ellos con riesgo de violencia y 50 con posibles amenazas a la transparencia electoral. El despliegue del Plan Democracia contempla la participación de 408.000 uniformados para garantizar la seguridad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció los riesgos pero afirmó que el Estado tiene la capacidad para mitigarlos. La Fuerza Pública concentrará esfuerzos en más de 500 puntos considerados sensibles en decenas de municipios y ciudades capitales para anticipar cualquier situación que represente una amenaza al ejercicio libre del voto. Las autoridades han recibido 21 amenazas contra candidatos, de las cuales 10 han generado noticias criminales para investigación, y 10 cuentas de redes sociales están siendo judicializadas por dinamizar amenazas. El director de la Policía advirtió sobre el riesgo de la desinformación y la circulación de información falsa en redes sociales, que puede generar tensión y afectar la convivencia. Se han identificado 99 municipios con riesgos electorales, incluyendo 49 con posibles hechos violentos o alteraciones de seguridad en departamentos como Cauca, Tolima y Antioquia, y 50 con riesgos asociados a la transparencia electoral en Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca. El mapa de riesgos focalizó 535 puntos críticos en 94 municipios y 13 ciudades capitales. Los candidatos presidenciales cuentan con esquemas especiales de protección. El ministro Sánchez hizo un llamado a bajar la tensión política, respetar los resultados y evitar la desinformación.

Análisis político

Se observa una estrategia gubernamental centrada en la prevención y mitigación de riesgos electorales, tanto físicos como digitales. La instalación anticipada del PMU y el despliegue masivo de la fuerza pública buscan proyectar control y seguridad. La advertencia sobre la desinformación y la judicialización de cuentas en redes sociales señalan un enfoque en contrarrestar narrativas que puedan alterar el orden público o la confianza en el proceso. La protección especial a candidatos y el llamado a la calma buscan mantener la estabilidad en la recta final de la campaña. El Gobierno y las fuerzas de seguridad se posicionan como garantes de la transparencia y el orden, buscando controlar la narrativa de seguridad electoral. Los candidatos y partidos políticos, por su parte, se ven en la necesidad de operar dentro de un marco de seguridad reforzado, mientras que la ciudadanía es interpelada a denunciar irregularidades y a consumir información de manera responsable. La polarización y la desinformación emergen como los principales adversarios a vencer, construyendo una narrativa de "paz electoral" y "confianza ciudadana" como objetivos primordiales.