El Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena la liquidación formal del Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las apuestas clave de la administración Petro. La decisión se produce tras la declaratoria de inexequibilidad de la ley que creó la entidad por parte de la Corte Constitucional y el fracaso de un intento posterior por revivirla en el Congreso. El decreto establece que la entidad se denominará "Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación" y tendrá un plazo inicial de un año para su cierre administrativo. La medida ha generado incertidumbre y protestas entre los cerca de 600 trabajadores del ministerio, quienes denuncian falta de claridad sobre su futuro laboral y se les ha impedido el ingreso a sus puestos. El proceso de liquidación implica el desmonte de la estructura institucional, la definición de contratos, bienes y obligaciones pendientes, y la redistribución de funciones a otras carteras como el Ministerio del Interior y Prosperidad Social. La liquidación formaliza el fin de una entidad creada en 2023 con el objetivo de coordinar políticas para poblaciones vulnerables. A pesar de los esfuerzos legislativos, los vicios de trámite advertidos por la Corte Constitucional y la falta de impulso político impidieron su continuidad, marcando un revés jurídico y administrativo para el gobierno.

Análisis político

La liquidación del Ministerio de Igualdad evidencia una estrategia gubernamental que, tras un impulso inicial ambicioso, se vio truncada por obstáculos jurídicos y legislativos. La incapacidad de subsanar los vicios de trámite señalados por la Corte Constitucional y la falta de consenso en el Congreso para aprobar una nueva ley, obligaron al Ejecutivo a recurrir a la liquidación formal. El Gobierno busca mitigar el impacto político de este cierre, anunciando la redistribución de funciones a ministerios existentes, aunque esto pueda diluir el enfoque original de la cartera. El principal perdedor en este escenario es el propio Gobierno, que ve desmantelada una de sus promesas de campaña y una apuesta institucional significativa. Los trabajadores del ministerio son otro grupo afectado, enfrentando incertidumbre laboral y protestando por la falta de garantías. Por otro lado, quienes se opusieron a la creación del ministerio, como algunos sectores del Congreso, pueden verse como ganadores al ver frustrada una iniciativa que consideraban ineficiente o un "derroche". Las narrativas se dividen entre la defensa de la necesidad de un ministerio enfocado en la igualdad y la crítica a su ejecución y viabilidad jurídica.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0626 de 2026, oficializando la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Esta decisión se produce tras el fracaso del proyecto de ley para salvar la entidad en el Congreso y la declaratoria de inexequibilidad de la ley original por parte de la Corte Constitucional debido a vicios de trámite. La cartera, que buscaba centralizar políticas sociales, ahora se denominará "Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación" y tendrá un año para completar su cierre. Las funciones del ministerio serán redistribuidas: las relacionadas con mujeres, comunidades étnicas y población LGBTIQ+ pasarán al Ministerio del Interior, mientras que las de discapacidad y habitantes de calle irán al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Estas entidades deberán asumir estas responsabilidades sin recursos adicionales, utilizando sus presupuestos actuales. La liquidación implica la supresión de cargos y la designación de un liquidador por parte del presidente, quien coordinará el traspaso de bienes y obligaciones. La medida ha generado protestas entre cientos de trabajadores del ministerio, quienes denuncian incertidumbre laboral y falta de claridad sobre su futuro. Se les ha impedido el ingreso a sus puestos de trabajo y exigen garantías. La ausencia de un liquidador designado hasta el momento ha paralizado técnicamente el proceso, a pesar de que el decreto establece plazos para la elaboración de un programa de supresión de cargos y la presentación de informes.

Análisis político

La liquidación del Ministerio de Igualdad evidencia una estrategia gubernamental de reconfiguración institucional ante un revés jurídico y legislativo. La incapacidad de lograr los acuerdos necesarios en el Congreso para subsanar los vicios de trámite advertidos por la Corte Constitucional obligó al Ejecutivo a proceder con el cierre. Se observa una narrativa oficial que busca presentar la medida como una consecuencia inevitable de las decisiones judiciales y el proceso legislativo, mientras que desde la oposición se celebra como un ahorro fiscal y una corrección a lo que consideran un "derroche". Políticamente, el Gobierno pierde una de sus apuestas emblemáticas, lo que puede ser interpretado como una derrota, especialmente ante la celebración de sectores que demandaron la desaparición de la entidad. Los trabajadores, por su parte, son los principales perdedores inmediatos ante la incertidumbre laboral y la posible pérdida de empleos. La narrativa de "derroche e ineficiencia" promovida por algunos sectores contrasta con la defensa de la labor realizada por los funcionarios, quienes reclaman garantías y transparencia en el proceso de liquidación.