El Ejecutivo presentó el proyecto de ley Cautelares Reforzadas ante la Cámara de Diputadas y Diputados con el objetivo de fortalecer la protección de víctimas de violencia intrafamiliar y de género. La iniciativa, liderada por la ministra de la Mujer, Judith Marín, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca cerrar vacíos normativos que dejan a las mujeres en desprotección durante la tramitación judicial. Entre 2024 y 2025, el 20,8% de los femicidios fue cometido por agresores que mantenían medidas cautelares vigentes, cifra que justifica la urgencia de esta reforma. La propuesta introduce cinco ejes principales, destacando la creación de una medida cautelar contra el hostigamiento digital y la facultad de los inspectores de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización. Asimismo, el proyecto establece que el incumplimiento de las medidas de resguardo será un factor determinante para evaluar la prisión preventiva del imputado. Se busca además garantizar la continuidad de la protección cuando las causas son derivadas entre los Tribunales de Familia y los Juzgados de Garantía, eliminando la necesidad de formalización previa para el uso de monitoreo telemático. La ministra Marín enfatizó la necesidad de un apoyo transversal en el Congreso, señalando que, aunque se realizaron jornadas prelegislativas, la oposición no participó en estas instancias. El proyecto también contempla la designación de jueces con dedicación preferente para causas de violencia intrafamiliar en tribunales de mayor tamaño. Con estas modificaciones, el Gobierno pretende evitar que la destrucción de dispositivos electrónicos o el traslado de sedes judiciales interrumpan el resguardo de las víctimas.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en capitalizar el consenso social existente sobre la erradicación de la violencia contra la mujer para impulsar una agenda de seguridad pública. Al integrar a los municipios en la fiscalización y endurecer las penas por daños a dispositivos telemáticos, el Gobierno busca proyectar una imagen de gestión proactiva frente a una problemática que afecta directamente la percepción de seguridad ciudadana. La mención explícita de la ausencia de la oposición en las etapas prelegislativas sugiere un intento de marcar un contraste político, posicionando al oficialismo como el actor que lidera la protección de las víctimas frente a una contraparte que se resta de los acuerdos. En este escenario, las víctimas de violencia intrafamiliar aparecen como las principales beneficiarias teóricas, al obtener un marco legal con menos vacíos procedimentales. Por el contrario, los agresores enfrentan un endurecimiento de las consecuencias legales, especialmente en el uso de la prisión preventiva como herramienta de control. La narrativa se construye bajo la premisa de la modernización del Estado, donde el Gobierno intenta transformar una crisis de seguridad en una oportunidad para demostrar capacidad de coordinación institucional entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el sistema judicial.