El presidente Abelardo De La Espriella firmó el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos. Esta medida, con una vigencia de 30 días, responde al terremoto del 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el cual dejó 314 fallecidos y daños materiales estimados en 30 billones de pesos. La declaratoria otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley y realizar operaciones presupuestales sin los trámites ordinarios. Las estrategias de financiación incluyen el uso de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) como préstamos, la ampliación del programa 'Obras por Impuestos' y la reasignación de partidas presupuestales de programas considerados no prioritarios. El Gobierno ha enfatizado que, por el momento, no se han creado nuevos impuestos, aunque la normativa habilita la posibilidad de modificar tributos de manera transitoria si fuera necesario. La administración busca agilizar la atención humanitaria, la reconstrucción de infraestructura crítica y la reactivación económica en las zonas más afectadas. La Corte Constitucional ya recibió el decreto para su revisión automática, un paso obligatorio para validar la constitucionalidad de las medidas adoptadas. El Congreso también deberá ser informado sobre las acciones ejecutadas y podrá evaluar la conveniencia de las mismas una vez finalice el periodo de excepción. Esta es la duodécima vez que se declara una emergencia económica en el país desde 1997, enfrentando el Ejecutivo el reto de gestionar una catástrofe que supera la capacidad de respuesta de los mecanismos estatales ordinarios.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la centralización de la toma de decisiones mediante facultades extraordinarias, buscando sortear la rigidez burocrática y los tiempos legislativos para responder a una crisis de gran escala. Al evitar la creación inmediata de nuevos impuestos y priorizar el uso de regalías y recortes de gasto, el Ejecutivo intenta mitigar el costo político de la emergencia, manteniendo un discurso de austeridad y eficiencia que busca evitar el desgaste ante la opinión pública. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra operativa, pero asume el riesgo de una estricta vigilancia por parte de la Corte Constitucional, que históricamente ha limitado el uso de estados de excepción para fines fiscales. La narrativa oficial se construye sobre la urgencia de la reconstrucción, mientras que los sectores económicos y la oposición observan con cautela si el uso de estos recursos extraordinarios se mantendrá estrictamente vinculado a la atención del desastre o si se convertirá en un mecanismo para financiar otras agendas gubernamentales.