Gobierno expide nuevo marco tarifario de aseo enfocado en economía circular y reciclaje
Resumen
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Resolución 1039 de 2026, la cual establece un nuevo marco tarifario para empresas de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores. Esta medida busca transformar el modelo de cobro para incentivar la separación en la fuente, el aprovechamiento de residuos y la dignificación de los recicladores de oficio. El Gobierno nacional presentó esta reforma como un avance hacia la política de Basura Cero y la sostenibilidad ambiental, tras un proceso de seis años de estudios técnicos.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su rechazo a la normativa, calificándola de apresurada e irregular. El gremio advirtió que la metodología reduce el reconocimiento económico de actividades esenciales como el barrido, la recolección y el transporte, lo cual pondría en riesgo la suficiencia financiera de las empresas. Según los prestadores, los costos subestimados y los rendimientos operativos irreales podrían derivar en una crisis de basuras y afectar la calidad del servicio.
La CRA defendió la medida argumentando que el nuevo esquema no implica un incremento generalizado en la factura, sino un reacomodo de incentivos económicos. La entidad sostiene que la regulación cumple con los mandatos constitucionales y legales para promover la eficiencia y la protección de los usuarios. Mientras el Gobierno destaca la modernización del sector, las empresas prestadoras han solicitado una revisión urgente de la resolución ante la falta de consenso técnico durante su elaboración.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno saliente se centra en consolidar un legado normativo alineado con la política de Basura Cero, utilizando la regulación técnica como herramienta para forzar una transición hacia la economía circular. Al delegar la firma en un ministro ad hoc, el Ejecutivo buscó blindar la medida institucionalmente, priorizando la inclusión social de los recicladores sobre el modelo tradicional de recolección. Esta acción refleja una visión de Estado que prioriza objetivos ambientales y sociales, incluso a costa de generar fricciones directas con los gremios del sector privado.
En este escenario, el Gobierno gana al dejar una hoja de ruta normativa que condiciona la gestión de los futuros alcaldes, mientras que las empresas prestadoras pierden capacidad de maniobra financiera y ven amenazado su modelo de negocio actual. La narrativa del Gobierno se construye sobre la justicia tarifaria y la modernización, mientras que la de Andesco se fundamenta en la seguridad jurídica, el rigor técnico y la sostenibilidad operativa. Este choque de relatos anticipa una posible judicialización de la norma, dejando al nuevo Gobierno la responsabilidad de gestionar la implementación o la eventual modificación de este marco regulatorio.
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