Gobierno expide decreto para proteger a menores en entornos digitales
Resumen
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0769 de 2026, el cual reglamenta la Ley 2489 de 2025 para establecer medidas de protección a niños, niñas y adolescentes en internet. La normativa impone un modelo de corresponsabilidad que vincula a plataformas digitales, instituciones educativas, familias y entidades estatales. El objetivo principal es prevenir riesgos como el ciberacoso, la explotación sexual, el reclutamiento forzado y la adicción a las pantallas.
Las empresas tecnológicas deberán implementar mecanismos de verificación de edad, controles parentales y reportar contenido ilícito ante la Fiscalía. Asimismo, se prohíbe el perfilamiento comercial de menores, la recolección de datos biométricos y la vigilancia masiva, garantizando la protección del cifrado de extremo a extremo. Las instituciones educativas, por su parte, deberán actualizar sus manuales de convivencia y proyectos pedagógicos para incluir protocolos de prevención frente a la violencia digital.
El Ministerio TIC y el Ministerio de Educación liderarán la creación de un Sistema Integral de Monitoreo y un repositorio de buenas prácticas en el portal Colombia Aprende. Esta regulación, que contó con rondas de consulta pública, busca fortalecer la alfabetización digital y la seguridad sin afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión. La implementación será gradual y diferenciada según el nivel de riesgo y la capacidad técnica de cada actor involucrado.
Análisis Político
La estrategia política detrás de este decreto se basa en la construcción de un consenso social sobre la protección de la infancia, un tema de alta sensibilidad pública que permite al Gobierno centralizar la agenda digital bajo un discurso de seguridad y bienestar. Al trasladar la responsabilidad a un esquema de corresponsabilidad, el Ejecutivo diluye la carga de la vigilancia estatal directa y la transfiere a los actores privados y educativos, legitimando su intervención en el sector tecnológico sin ser percibido como un ente censor.
El Gobierno gana capital político al presentarse como un garante de derechos frente a los riesgos de las grandes plataformas, mientras que las empresas tecnológicas pierden autonomía operativa al verse obligadas a adaptar sus algoritmos y procesos de diseño bajo supervisión estatal. La narrativa oficial se construye sobre la dicotomía entre la protección del menor y la irresponsabilidad del entorno digital, posicionando al Estado como el articulador necesario para mitigar las amenazas del ciberespacio.
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