El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre firmará un decreto para establecer las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta medida, fundamentada en la Ley 10 de 1978, busca definir mediante coordenadas oficiales los espacios marítimos colombianos y publicarlos en las cartas náuticas nacionales. El mandatario enfatizó que la decisión responde a una deuda histórica y tiene como objetivo fortalecer la soberanía estatal en el Caribe, además de impulsar el desarrollo logístico y la protección de la pesca artesanal en la región. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó la iniciativa señalando que el trazado de estas líneas permitirá defender el archipiélago como un conjunto integral y no como islas aisladas. El Gobierno sostiene que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012, que redefinió la frontera marítima con Nicaragua, es inaplicable en su literalidad. Según el Ejecutivo, esta acción busca corregir errores en la defensa jurídica previa del país y blindar los intereses nacionales frente a futuras controversias internacionales. La medida ha generado diversas reacciones entre expertos y exfuncionarios sobre sus posibles implicaciones diplomáticas. Mientras algunos analistas consideran que el acto es un ejercicio legítimo de soberanía que no contraviene los fallos de la Corte, otros advierten que podría interpretarse como un desacato a las decisiones internacionales. El Gobierno ha reiterado su disposición a mantener un diálogo de buena fe con Nicaragua, bajo la premisa de que la soberanía colombiana sobre el archipiélago y sus aguas es inalienable.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una narrativa de reafirmación soberana que busca capitalizar el sentimiento nacionalista y corregir lo que consideran una gestión diplomática deficiente en el pasado. Al presentar la delimitación como un acto de soberanía técnica y no como una provocación, el Ejecutivo intenta transformar un litigio jurídico complejo en una política de Estado proactiva, proyectando una imagen de firmeza ante la opinión pública y los pescadores locales. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad política interna al mostrarse como un actor que cumple con mandatos legales postergados, aunque asume el riesgo de tensar la relación diplomática con Nicaragua. Por su parte, los críticos de la medida pierden capacidad de influencia al ser señalados por el oficialismo como defensores de una estrategia jurídica que, según el Ejecutivo, resultó perjudicial para los intereses territoriales del país. La construcción de narrativas se divide entre quienes priorizan la supremacía del derecho internacional y quienes defienden la primacía de la soberanía nacional como eje de la política exterior.