El Congreso aprobó una indicación en el proyecto de Reconstrucción Nacional que prohíbe el anatocismo, práctica consistente en el cobro de intereses sobre intereses. La medida, impulsada por parlamentarios de oposición, busca proteger a los deudores frente a lo que consideran un mecanismo abusivo en las obligaciones financieras. El Ejecutivo, ante la presión de diversos actores, evalúa presentar un veto para eliminar esta disposición antes de la promulgación de la ley. El Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y BancoEstado han manifestado su rechazo a la norma, advirtiendo que el interés compuesto es una herramienta técnica fundamental para el funcionamiento del sistema financiero. Según estas entidades, la prohibición afectaría la rentabilidad de los ahorros, encarecería los créditos hipotecarios y de consumo, y reduciría la flexibilidad en la renegociación de deudas. La industria financiera sostiene que, lejos de beneficiar a los usuarios, la medida podría limitar el acceso al crédito formal y fomentar la informalidad. El sector inmobiliario también ha expresado preocupación, señalando que la eliminación del anatocismo complicaría el financiamiento de proyectos de construcción y el acceso a la vivienda para las familias. Mientras los impulsores de la indicación insisten en que se debe poner fin a una práctica que castiga a quienes enfrentan dificultades económicas, el Gobierno busca revertir la medida para evitar distorsiones en el mercado de capitales y asegurar la estabilidad de los instrumentos de ahorro.

Análisis político

La estrategia política observada refleja una tensión entre el populismo legislativo y la tecnocracia financiera. La oposición utiliza la protección al consumidor como una bandera de lucha directa, buscando capitalizar el descontento social frente a las deudas, mientras que el Gobierno y los reguladores operan bajo una lógica de resguardo de la estabilidad macroeconómica y el mercado de capitales. Esta dinámica obliga al Ejecutivo a utilizar herramientas de veto para corregir lo que considera una medida técnicamente inviable, exponiéndose a críticas por desoír la voluntad parlamentaria. En este escenario, los grandes perdedores son los ahorrantes y los sectores que dependen del crédito formal, quienes verían reducida la rentabilidad de sus depósitos y encarecido el acceso a financiamiento. Por otro lado, los parlamentarios que impulsan la medida ganan rédito político inmediato al posicionarse como defensores de los deudores, construyendo una narrativa de justicia social frente a un sistema financiero que presentan como abusivo. La construcción de estas narrativas contrapuestas dificulta un debate técnico equilibrado, transformando una herramienta financiera estándar en un símbolo de la disputa política actual.