El ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó que su cartera mantiene bajo análisis más de 100 solicitudes de indulto presidencial. El secretario de Estado precisó que la mayoría de estos requerimientos corresponden a hechos ocurridos en 1973, mientras que las peticiones vinculadas al estallido social de 2019 representan un número reducido. Los expedientes se encuentran actualmente en fase de revisión técnica en el Ministerio de Justicia y aún no han sido presentados ante el Presidente José Antonio Kast. La autoridad descartó que el Ejecutivo tenga entre sus prioridades impulsar leyes de indulto general o amnistía, enfocando su gestión en la agenda de seguridad y el combate al crimen organizado. Rabat enfatizó que no existen plazos legales ni autoimpuestos para resolver estas peticiones, argumentando que cada caso requiere un estudio riguroso para alcanzar una convicción jurídica. El proceso, según el ministro, será lento y se llevará a cabo de manera individualizada para cada solicitante. El procedimiento acordado con el Presidente Kast consiste en evaluar cada expediente administrativo de forma independiente para emitir una resolución fundada. Rabat subrayó que el Gobierno mantiene un enfoque de gestión centrado en las necesidades actuales del país, lo que ha llevado a descartar actos conmemorativos oficiales por el golpe de Estado. Esta postura busca priorizar la resolución de problemas ciudadanos sobre la revisión de hitos históricos.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la despolitización de los indultos mediante la técnica del 'caso a caso', evitando así el costo político de una amnistía general que podría fracturar su base de apoyo o generar conflictos con la oposición. Al priorizar la agenda de seguridad y el combate al crimen organizado, el Ejecutivo intenta desplazar el foco de atención desde las heridas del pasado hacia la gestión de problemas actuales, buscando proyectar una imagen de pragmatismo y orden. En este escenario, el Gobierno gana al mantener el control sobre el ritmo de las decisiones, evitando presiones externas y plazos autoimpuestos que podrían comprometer su capital político. Por el contrario, los sectores que buscan una resolución rápida para los condenados por el estallido social pierden influencia, al quedar diluidos en un proceso administrativo lento y mayoritariamente compuesto por casos de 1973. La narrativa oficial se construye sobre la idea de una administración técnica y ajustada a derecho, distanciándose de las conmemoraciones históricas que el ministro Rabat califica como distractores de la gestión pública.