El Ejecutivo enfrenta dificultades para asegurar los 29 votos necesarios para aprobar su reforma constitucional en seguridad, la cual propone un nuevo estado de excepción de hasta 240 días y mayores facultades presidenciales. Ante la resistencia de senadores clave y críticas sobre la falta de trabajo prelegislativo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, admitió que esperaban una mejor recepción en el Congreso. La administración ha descartado retirar el proyecto, pero evalúa extender el plazo de discusión mediante una urgencia simple de 30 días para facilitar acuerdos. La propuesta ha generado cuestionamientos transversales, incluyendo a figuras que anteriormente apoyaban al Gobierno, como los senadores Matías Walker y Vanessa Kaiser, quienes han calificado aspectos de la iniciativa como totalitarios o excesivos. Parlamentarios de oposición y del propio oficialismo han señalado que la reforma carece de contrapesos adecuados, especialmente en lo relativo a la interceptación de comunicaciones y la duración de los estados de excepción. El Gobierno busca ahora negociar indicaciones con los partidos de derecha para alinear los votos necesarios en las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa. La estrategia del Ejecutivo se centra en la apertura al diálogo parlamentario, argumentando que la reforma se hace eco de inquietudes ya presentes en otros proyectos legislativos. Mientras el ministro García Ruminot defiende la necesidad de herramientas estatales contra el crimen organizado, el oficialismo ha comenzado a sondear apoyos específicos en el Senado. La tramitación legislativa se mantiene en suspenso mientras se definen las modificaciones que permitirían destrabar la votación en general.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja una táctica de repliegue táctico ante la fragilidad de sus mayorías parlamentarias, utilizando la flexibilización de los plazos legislativos como una herramienta para evitar una derrota política temprana. Al reconocer errores en el diseño y la falta de socialización previa, el Ejecutivo intenta trasladar la responsabilidad de la construcción del acuerdo hacia los legisladores, presentándolos como colegisladores necesarios para perfeccionar una propuesta que, en su versión original, fue percibida como una extralimitación de las facultades presidenciales. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al exponer su incapacidad para alinear a sus propios aliados, mientras que los senadores críticos y la oposición ganan poder de veto y capacidad de negociación. La narrativa se construye bajo una tensión entre la urgencia de combatir el crimen organizado, promovida por el Ejecutivo, y la defensa de las libertades individuales y el equilibrio de poderes, bandera que han levantado tanto parlamentarios de oposición como figuras disidentes del oficialismo para frenar la iniciativa.